Los primeros cien días de un gobierno permiten tomar la “instantánea” de los elementos que caracterizarán el rumbo de un gobernante a lo largo de su mandato. Esta práctica tiene origen en la gesta de Napoleón Bonaparte, en la fugaz restauración de su imperio, luego de su espectacular evasión de la isla de Elba y su entrada triunfal a París en marzo de 1815; y que se desploma estrepitosamente dos meses después, tras la derrota en la batalla de Waterloo.

El precursor de los “Cien Días” fue el expresidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt (1933) para detener los efectos del crack de 1929. Durante sus primeros cien días, el expresidente Roosevelt, lideró el consenso con el Congreso y la sociedad para 15 iniciativas de ley y otras señales de buen gobierno que frenaron la crisis: ejerció control sobre el sistema bancario, así como estrictas regulaciones sobre instituciones financieras; alcanzó subsidios en beneficio de los granjeros; configuró su política nacional de obras públicas –carreteras y parques especialmente- para promover el empleo; aplicó el impuesto al alcohol y la protección para los desempleados.

Los cien días del nuevo gobierno se han caracterizado por el estilo virtual, novedoso, unilateral e impositivo del presidente de comunicar con la ciudadanía, lo que contribuye, de acuerdo con mediciones, con su imagen de popularidad que alcanza el 90% de aceptación, acompañada de una alta expectativa de la sociedad por los cambios ofertados que deben materializarse.

Es cuestionable la idoneidad en la conformación de su equipo de gobierno debido al énfasis en la familiaridad, amiguísimo y nexo empresarial en el cercano círculo presidencial; sus decisiones reflejan vacíos por la ausencia caprichosa y de cálculos político de una adecuada transición entre la pasada y la nueva administración gubernamental, ocasionando un diagnóstico incorrecto de la situación país y la aplicación de una “medicina amarga” incongruente con la realidad.

Además, este tramo se caracteriza por el desmedro de la soberanía; abandono de la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes, especialmente niñez; subordinación de nuestros intereses a la caprichosa agenda electoral de la administración Trump; el bochornoso fracaso diplomático tras el fallido intento de ingresar al Consejo de Seguridad de ONU; tensionamiento con países vecinos y ausencia de una política de integración centroamericana coherente con la tradición salvadoreña de unidad regional.

Asimismo hay malestar por la crisis de medicamentos en la red de salud pública, que contrasta con el manejo virtual del 100% de abastecimiento que no alcanza ni al cuadro básico, según declaraciones de la propia Ministra. Este tratamiento mediático confronta injustamente las legítimas exigencias de la ciudadanía, con el personal médico del sector público.

También es inexplicable en pleno invierno la falta de abastecimiento de agua potable en barrios y colonias populares, en tanto, modernos y suntuosos desarrollos inmobiliarios tienen plenamente asegurado el abastecimiento. A este malestar suma la desarticulación del instituto que asegura los programas para cubrir necesidades de excombatientes y veteranos de guerra del pasado conflicto armado.

Son tendencia los vetos presidenciales al decreto de retiro del magisterio en edad de jubilación y al que obligaba al ejecutivo a comprar al menos 80% a la micro y pequeña empresa, en programas de uniformes, útiles, alimentación y salud escolar; el incumplimiento en la reducción de gastos en los actos de traspaso presidencial, que fue tan solo una promesa; y el modelo de la tan esperada CICIES, muy alejado de un órgano técnico, independiente, funcional y auditable.

Sigue el clima de zozobra y temor en trabajadores públicos ante el despido ilegal de cerca de mil empleados en revancha política, aunque ya enfrentó su primer revés con la resolución de la Sala de lo Constitucional que admitió y mandó a reinstalar y pagar salarios caídos a quienes demandaron. Hay perversas acciones gubernamentales para desarticular el sindicato del ISSS, poniendo en riesgo el contrato colectivo de más de 16,760 trabajadores, donde independientemente que debe mejorarse la calidez de los servicios, hay buenos trabajadores.

En conclusión, el autoritarismo, la confrontación, exclusión, falta de transparencia y autismo político, caracterizan este periodo en el que aun se ignora el origen del financiamiento de la campaña electoral del presidente Bukele, hay desconocimiento del uso de 2.5 millones de la partida secreta, no hay datos sobre el alto gasto en publicidad, enfrentamos ausencia de información precisa sobre hechos de criminalidad, se atenta contra la libertad de prensa excluyendo medios de comunicación y hay una evidente falta de diálogo y consenso sobre la agenda de nación. Esperemos que todo mejore por el bien del país.