El equipo impulsor de la Ley de Función Pública urgió hoy a los diputados de la Asamblea Legislativa que inicien el estudio de la Ley de Servicio Público, que pretende mejorar el servicio que dan los empleados estatales capacitándolos y evaluándolos continuamente.

Gustavo Amaya, del Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade), dijo que hoy es un buen momento para avanzar en el tema por la transición en el Ejecutivo.

“Somos 16 instituciones que necesitamos que se inicie esa discusión, nos hemos unido porque tenemos un fin común: garantizar que el Estado le cumpla a los ciudadanos”, dijo Marjorie Trigueros, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

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El artículo 304 del proyecto ordena a que el personal actual del Estado formará parte del régimen del servicio público desde la vigencia de la ley. Agregó que será un derecho contar con la capacitación pública. “No pretendemos que haya despidos masivos, al contrario, garantizar que sigan en el Estado siempre y cuando cumplan los requisitos”, expresó.

 


Los representantes de las organizaciones dijeron que es fundamental que no sigan posponiendo esta discusión.

“El tema de la reforma de la función pública requiere un cambio cultural, por eso vamos a lanzar una campaña ‘Renovemos la función pública’, esa certeza que va a seguir dentro del Estado media vez esté al servicio de los salvadoreños”, expresó Sofía de la O, de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

 



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Por su parte, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señaló que "se usa el empleo público con fines clientelares, se está contratando personal no porque se necesite, sino porque es una fuente de financiamiento de partidos políticos: $2.6 millones en tres años”.