Los ministerios reportaron a los investigadores que en este periodo hicieron 21,584 contrataciones y que hubo 8,493 concursos, correspondiente al 39 %. Un 26 % fueron nombramientos directos y el resto no fue clasificado ni como concurso ni contratación directa, pero creen que fue una “contratación arbitraria de personal”.
El estudio “Desafíos y oportunidades de la función Pública en El Salvador” fue presentado este miércoles en un foro en el cual reiteraron la urgencia de aprobar una Ley de Servicio Público que mejore la calidad y la eficiencia de los servidores en el Ejecutivo.
El informe indica que la ausencia de concursos y la “excesiva flexibilidad” para la contratación disminuyen la transparencia, fortalecen la gestión basada en “prácticas clientelares” y permiten que las conexiones políticas sean un factor determinante en las contrataciones estatales.
El estudio también señala que el pago de remuneraciones subió 68.7 % en esa década por el mayor número de empleados, ascensos y aumentos salariales. La planilla del Ejecutivo creció de $344.53 a $581.13 millones.
La mayor cantidad de nuevas contrataciones ocurrió en 2010 y 2011. Las carteras con mayor crecimiento de monto de planilla son Presidencia, ministerios de Economía, Turismo y Obras Públicas.
La investigación refleja que durante la misma década ha habido una mayor cantidad de ascensos de personal que concursos: solo en el año 2018 se registraron 878 ascensos en plazas, pero únicamente se reportan 333 concursos.
La mayoría de empleados públicos no tienen un título de educación superior. De acuerdo a los datos recabados por los investigadores de Fusades y el NDI, en el año 2018, un 33.7%, la tercera parte de los empleados públicos, han cursado bachillerato; el 32.2 % también tiene estudios superiores; 19 % tiene formación técnica y 1.4 % han alcanzado un posgrado universitario.
¿A qué se debe?: vacíos e inoperancia
El estudio sobre la función pública señala que la ausencia de concursos en el Estado es el resultado de los vacíos de la Ley de Servicio Civil, falta de capacidad institucional para la supervisión de estos procesos y de la inoperancia de las Comisiones de Servicio Civil.
De acuerdo al artículo 20 de la vigente Ley de Servicio Civil, que regula las relaciones entre el Estado y sus servidores públicos, para incorporar personal a la carrera administrativa es necesario realizar pruebas de idoneidad a través de los concursos.
La ley excluye a empleados que ingresan bajo régimen de contrato, establecidos en el artículo 4, que incluye a los funcionarios de elección popular, diputados y alcaldes, así como a ministros y viceministros.
Lo positivo
A pesar de las deficiencias en la contratación de personal en el Ejecutivo, el informe destaca la creación del portal de empleo público en 2015, que beneficia la carrera administrativa al divulgar oportunidades de empleos públicos.
El mecanismo incrementa la transparencia y la participación, sin embargo, no es utilizada por todas las dependencias de Gobierno.
