El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de una estructura de presuntos traficantes de personas, que la madrugada del pasado jueves fue desarticulada tras órdenes de captura que giró la Fiscalía General de la República (FGR), por 60 denuncias recibidas.

En la organización transnacional que operaba en las tres zonas del país, cada uno de los integrantes tenía sus propias funciones, las indagaciones llegaron a individualizar a los colaboradores, guías y reconocidos “coyotes” asentados en el oriente del país con amplio récord delictivo.

Violeta Olivares, jefa Unidad Especializada contra el Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía, dijo que la operación ejecutada en coordinación con la Policía permitió capturar a 25 personas, otros siete son prófugos, entre ellos figura Marvin Nativi, alcalde de Pasaquina, La Unión.

“De las 25 capturas realizadas se encuentran sujetos que dedican al tráfico ilegal de personas, coyotes sumamente conocidos en la zona y que tienen ya muchos años de dedicarse al cometimiento del delito de tráfico ilegal de personas; así como también se realizó capturas de guías, de colaboradores que conformaban toda esta estructura que operaba a nivel nacional, incluso con contactos a nivel regional o internacional para el movimiento de las víctimas de manera ilegal hacia Estados Unidos” detalló Olivares.

La jefa fiscal dijo que en las indagaciones se ha establecido que cobraban a sus víctimas fuertes cantidades de dinero que iban desde $8,000 a $12,000, la estructura ofrecía diversas clases de viaje clasificados como ordinarios, especiales y de entrega.

Una persona que optaba por un viaje especial, era transportada en el territorio mexicano vía aérea, mientras que los denominados como “viaje de entrega” eran aquellos en los cuales una persona viaja con menores de edad y adolescentes.

Los investigadores detectaron que en cada zona del país había una célula dedicada a traficar personas, pero las tres tenían entre si una fluida comunicación y se compartían los mismos guías, la conexión era perfecta para delinquir, según se evidenció en las pesquisas.

En cada estructura había personas que tenían roles preponderantes para dar órdenes para trasladar a las víctimas y movilizar dinero para iniciar el viaje. En la zona oriental el Ministerio Público identificó a Wilfredo Reyes Martínez, ya conocido en este ambiente delictivo.

El 14 de julio del año 2011, este comerciante del oriente del país que fue vinculado a la banda “Los Perrones”, fue absuelto en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, por falta de pruebas.

La Fiscalía lo acusó haber llevado de forma ilegal a Estados Unidos a una persona con régimen de protección, el 10 de marzo del año 2007. La víctima en la denuncia que interpuso dijo que pagó $3,000 aunque el trato que hizo fue por $6,000, cantidad que cancelaría una vez llegara al destino final.

Según la Fiscalía estas tres estructuras desbaratadas estaban obteniendo exorbitantes ganancias que las estaban invirtiendo en la adquisición de bienes e inmuebles y para instalar prósperos negocios y empresas.