Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que las autoridades vinculan a un intento golpe de estado en Nicaragua, provocaron entre abril y julio una pérdida de 961 millones de dólares y la eliminación de cerca de 120.000 puestos de trabajo, informó una fuente oficial.

Según una nota de la cancillería nicaragüense a la comunidad internacional, la crisis causó en cuatro meses una pérdida de 525 millones de dólares en el sector transporte, 231 millones de dólares en la industria turística y 205,4 millones de dólares en el sector público.

"Todo ello causó un impacto directo en la población con la pérdida de 119.567 empleos" y una reducción al presupuesto nacional de más de 218 millones de dólares, indica la misiva.

El informe abarca el período entre abril, cuando estallaron las protestas antigubernamentales, y julio, cuando la policía recuperó con violencia el control de las ciudades que fueron tomadas por los manifestantes opositores.

Durante esos meses "el pueblo de Nicaragua fue sometido a un intento de golpe de Estado por grupos políticos disfrazados de Organizaciones No Gubernamentales, asociados al crimen organizado y financiados desde el exterior", denuncia la cancillería.

En su informe, el gobierno reconoce que la crisis dejó en el periodo 198 muertos -lejos de los más de 300 estimados hasta el momento por grupos humanitarios- de los cuales 22 eran miembros de la policía. Además, la versión oficial reporta 1.240 heridos, entre ellos 401 oficiales de la las fuerzas del orden público.

El gobierno cuenta un total de 273 manifestantes presos en el marco del proceso de enjuiciamiento de manifestantes, a los que la Fiscalía atribuye las muertes y daños que dejaron las protestas.

Según la nota, el gobierno "continuará trabajando por la reconstrucción del país, la paz, la seguridad y la reconciliación", en base a una polémica iniciativa de ley, aún en proceso de consulta, que enviará próximamente al parlamento, en manos del oficialismo.

La iniciativa propone promover una cultura de paz, que incluirá el aprendizaje de actitudes positivas y resolución de conflictos, a través de la educación, la religión, los medios de comunicación y la participación de la comunidad.

Las protestas contra Ortega, que el domingo cumplió 73 años, iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones que afectaba a la mayoría de los nicaragüenses.

La violenta represión contra las protestas provocó que las manifestaciones se convirtieran en una demanda de salida de Ortega, en el poder desde el 2007.

Grupos humanitarios por su parte estiman que la represión dejó más de 320 muertos y al menos 600 detenidos contabilizados hasta la primera semana de noviembre, mientras que miles huyeron del país, principalmente a Costa Rica.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) por su lado cuantifica 417.000 personas despedidas por la crisis desde abril en Nicaragua, una de las economías más frágiles de la región, de acuerdo con datos divulgados la semana pasada.