La propuesta de ley será sometida a consulta pública en el portal LEGISLA. / DEM
El Gobierno salvadoreño presentará a finales de julio la ley de mejora regulatoria, indispensable para institucionalizar al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) y cumplir así uno de los compromisos asumidos por El Salvador ante la Corporación Reto del Milenio (MCC, en inglés), donante de Fomilenio II.
El OMR se creó en 2015 por decreto ejecutivo en el marco de Fomilenio II y se compone por representantes del Gobierno y de la empresa privada. Su objetivo es revisar la legislación salvadoreña y promover reformas para agilizar los trámites y reducir costos administrativos; sin embargo, para tener certeza jurídica debe contar con el respaldo de la ley de mejora regulatoria.
Jaime Campos, director ejecutivo del OMR, aseguró este lunes que ya están en la última fase de discusión con el sector privado, y previó que a finales de julio se presente el anteproyecto al pleno legislativo por iniciativa del Ministerio de Economía para contar con su aprobación antes del 10 de diciembre próximo.
El director indicó que han sostenido acercamiento con los diputados de la Comisión Ad-hoc, que analizará la ley, para agilizar la aprobación del anteproyecto. “Tenemos adelantadas las discusiones con el sector privado, hay aportes, insumos y, aunque mínimas, diferencias. La idea es llegar a una propuesta común, conciliar la elaborada desde el Ejecutivo con el sector privado para presentarla antes de finalizar este mes”, indicó.
Campos compartió estas declaraciones luego del lanzamiento de LEGISLA, un portal de participación ciudadana en la elaboración de anteproyectos normativos. Esta plataforma fue elaborada entre el OMR y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En este portal, la población podrá consultar los anteproyectos en la etapa de elaboración, comentar o formular preguntas sobre la iniciativa. De momento, la participación de las entidades públicas es voluntario; pero con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, en febrero de 2019, será obligatorio.