El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló el juicio contra el abogado Víctor Manuel Melgar González, alias "Pitinga", de 54 años de edad, acusado de mediar ante una empleada judicial para obtener información sobre un proceso por enriquecimiento ilícito que se ventilaba en la Cámara Primera de lo Civil contra el expresidente Elías Antonio Saca y el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix.

Consta en audios por intervención de llamadas telefónicas que el abogado Melgar González expresó al expresidente Saca que necesitaba 10,000 "pepinos" (entendiéndose $10,000) para pagar el favor que haría la colaboradora jurídica de la Cámara Primera de lo Civil, Ángela Iracema Avelar Salinas.

El expresidente Saca confesó el 13 de septiembre de 2019, haber cometido el delito cohecho activo (soborno) en un procedimiento abreviado ante el extinto Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador que le impuso dos años de prisión, una pena que la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria se la eliminó.

Por estos hechos, Fiscalía acusa en esta oportunidad al abogado Melgar González del delito de tráfico de influencia.

Saca y Charlaix descuenta en el sector 9 del penal La Esperanza o Mariona, una pena de diez años por los delitos de lavado de dinero y peculado tras confesar que movió de manera irregular $300 millones de Casa Presidencia a cuentas personales suyas entre 2004 y 2009.

Otros seis casos


Además, la Fiscalía reprochó a Melgar González, otros seis casos de sobornos que supuestamente cometió durante 2016 y en el que se vieron involucrados dos empleados del Juzgado San Francisco Menéndez de Ahuachapán y la Cámara de Occidente, en Santa Ana.

De acuerdo con la Fiscalía, el abogado Melgar González acordó con el exsecretario y una colaboradora jurídica de esa sede judicial, extraer información de nuevos casos o detenciones que se ventilaban a cambio de dádivas de $20 por caso, para luego ir él a las bartolinas a buscar a los imputados y ofrecerles sus servicios de abogado.

Dijo la fiscal del caso, que el abogado Melgar González había conseguido que el Juzgado de San Francisco Menéndez programara las audiencias en horario y día que le fueran favorables a él, sobre todo a las 12:00. En algunos casos hubo necesidad de cambiar hora de realización de diligencias ya programadas a petición del profesional.

También solicitó apuntes con resúmenes de algunos casos que le podían interesar.

Una vez solicitó que se programara una audiencia de revisión de medidas a las 12:00 del día para cambiar la detención provisional por medidas sustitutivas a un acusado de tráfico de personas.

También es acusado de ofrecer $10,000 a la colaboradora jurídica de la Cámara Penal de Occidente para que ese tribunal superior realizara una audiencia para reducir la pena a una persona que había sido condenada. La empleada respondió que esos oficios requerían dinero pues necesitaba “mover varias teclas e influencias importantes”.

Los empleados judiciales en el Juzgado San Francisco Menéndez, aparentemente, ya se habían acostumbrado a este tipo de sobornos, al punto que en algunos casos ellos exigían sumas de $50 y $100 por sus oficios irregulares que le llevaban ganancias al abogado Melgar González

En algunas ocasiones este tipo de irregularidades abarcó hasta el juez, quien daba el aval a las peticiones, sobre todo cuando había que poner en libertad a un detenido.

El abogado defensor de Melgar González, Samuel Merino Morales, dijo que lo que ha pasado con su colega, es una conducta que no tiene relevancia penal, “no estoy diciendo que lo que Fiscalía acusa es cierto o estoy aceptando”.
Según la acusación supuestos empleados de un juzgado llamaban a un abogado y le decían: aquí hay un caso de tráfico ilegal de personas, está detenida en tal bartolina, andá agárralos y si los agarrás, nos das algo, en esa conducta jamás él está ofreciendo dinero o compensación a cambio de la situación jurídica del imputado: no le dice te lo vamos a poner en libertad o te le vamos a poner medidas”, dijo Merino.

La oferta que hacían al abogado no constituye delito, podría implicar para el empleado judicial una falta administrativa o disciplinaria pero no podría tener la trascendencia de llevarlo a la esfera penal, afirmó el defensor.