Ciudadanos migueleños demandaron al alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, y su concejo municipal ante el juzgado de medio ambiente por los botaderos de basura a cielo abierto, aguas negras y desechos sólidos que contaminan diferentes barrios, colonias y cantones del municipio.
El proceso inició hace seis meses y a la municipalidad se le había dado un plazo con medidas cautelares, las cuales no se han complido.
Las medidas que se les impusieron fueron dejar de agredir el suelo, el aire, el agua y la salud de las personas, a través de los basureros a cielo abierto. Incluido la contaminación al río Grande.
El juez llamó “desobediente” al alcalde migueleño, al no cumplir las medidas establecidas.
Tambien, la alcaldía debe eliminar las aguas servidas o residuales que existen en algunas zonas del municipio.
El juez ordenó hacer equipos con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Alcaldía Municipal y Ministerio de Salud, para que trabajen en conjunto y solucionar el grave problema que enfrenta San Miguel.
Para esto, el juez dio 15 días de plazo para que cumplan las disposiciones. De no cumplir con estas medidas el caso pasará a la Fiscalía General de la República, por el delito de daños ambientales, para que diga si existe el delito penal por este hecho, dijo el juez de medio ambiente, Eli Díaz Álvarez.
El concejo municipal de San Miguel ha acumulado tres expedientes con 10 acciones que tienen que hacer. El aplicador de justicia también hizo ver que los políticos dejaron propaganda política electoral, la cual genera una gran contaminación ambiental y debe ser retirada.
El alcalde y su concejo tienen 45 días para darle solución a las aguas servidas y tres meses para tener una ciudad limpia.
El alcalde Miguel Pereira pide a la población que se abstenga de botar basura en los lugares no autorizados, porque se les aplicará una multa, según lo establece la ordenanza municipal; dijo que fue una reunión “amena” con el juez ambiental.