La oficina de la Fiscalía General de la República en el departamento de La Unión ha llevado ante jueces de la República, 99 casos por el delito de violación a menor e incapaz.

Entre estos casos hay tres que fueron cometidos por igual número de maestros, un alcalde y un pastor evangélico que, según la fiscalía, se aprovechó de una feligrés.

En el complejo educativo Mario Gómez, de Conchagua, La Unión, los maestros Gerardo Alexis Barrios y Víctor Arnoldo García habrían violado a una de sus alumnas, quien los denunció y ya enfrentan un proceso judicial.

De igual forma, en el Instituto Nacional de La Unión, el profesor Alfredo Benítez habría violado a dos de sus estudiantes, según el Ministerio Público Fiscal, quienes lo denunciaron. El exdocente tiene una orden de captura vigente y se mantiene prófugo.

“Para nosotros como Fiscalía General de la República es un logro que las víctimas no se queden calladas, pues los violadores son gente que generalmente tienen parentesco con las víctimas o tienen cierta autoridad sobre ellas, y esto les impide denunciar, por que tienen miedo a represalias” aseguró el José Alexis Gaitán Flores, jefe de la Fiscalía en el departamento de La Unión.

Otros casos sonados sucedieron a manos de funcionarios públicos, como el proceso que enfrenta el alcalde del municipio de San José de la Fuente, Mario Alfredo Cruz, quien fue acusado de violación contra un menor.

El hasta entonces edil fue capturado el 25 de noviembre y es procesado por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales en perjuicio de un menor de 17 años de edad, a quien había ofrecido trabajo.

La Fiscalía señaló que tienen testimonios de personas que ubican al alcalde Mario Cruz en su casa, junto a la víctima el día que ocurrió el hecho; además, tienen pericias y dictámenes forenses que demuestran las agresiones.

“Tenemos una situación muy grave, porque quienes cometen las violaciones son, en la mayoría de los casos, las personas responsables de velar por la seguridad y bienestar de los menores, incluso de quienes tienen la obligación y hasta facultades que la ley les otorga de protegerlos”, sostiene el fiscal Gaitán.

 

Religioso y papás

La fiscalía también acusa a un pastor evangélico de Conchagua, siempre en La Unión, quien, aprovechándose de la confianza que depositaron en él los padres de un menor, este habría abusado del niño.

Además, están bajo arresto dos padres de familia que abusaron sexualmente de sus hijas menores de edad, quienes con el agravante de amenazas sometieron a las víctimas para que callaran los hechos, pero el fiscal asegura que ahora están presos y en proceso judicial.

Para la Fiscalía General de la República es importante la divulgación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) en los diferentes centros escolares y, de ser posible, se debe llegar hasta las iglesias, asegura el jefe fiscal “ya que gracias a esto se ha logrado que los menores interpongan sus denuncias y pierdan el miedo”, dice.

El delito de violación en menor e incapaz es penado hasta con 20 años de cárcel, según el Código Penal del país.

“No hay un rango de edad para los abusadores y tampoco ya no es exclusivo un delito sólo para las niñas, ahora hay una buena cantidad de casos donde las víctimas son niños; este delito es bien complicado por el daño que causa, además de físico está la recuperación de la salud mental para que estos niños recuperen su confianza” dijo el jefe fiscal.

 

El miedo de Lucita

 

Lucita (nombre ficticio) tiene 12 años de edad y sueña con ser veterinaria. En el campo, la cercanía con los animales ha hecho que su sueño crezca. Es originaria de La Unión, pero el intento de violación de su tío hizo que su familia se desplazara a San Miguel.

Con timidez relata que todas las mañanas se quedaba sola en casa, porque toda su familia trabajaba y ella estudiaba en la tarde.

Su tío, de 24 años de edad, aprovechaba esos momentos para abrazarla y pedirle que se sentara en sus piernas. Ella siempre se negaba. “Él me decía que jugáramos de papá y mamá”, cuenta.

La última vez el agresor la intentó obligar a sentarse en sus piernas, pero ella corrió a la casa de una vecina, quien alertó a su mamá. La progenitora no quiso denunciar, porque consideró que el sujeto no logró su objetivo; sin embargo, por temor, se cambiaron de casa y la niña ya no se queda sola.

“Ahora vivimos solo con mi mamita y mi tío no conoce”, dice la menor con una chispa de confianza.

Lucita quiere ser veterinaria y este año su sueño se acerca, porque empezará a estudiar el séptimo grado.