El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel tampoco ha podido hacer juicios virtuales, porque Centros Penales no tiene disponibilidad en las salas para ello./ Rosa Fuentes
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel gestiona ante la Universidad de Oriente (Univo), un auditorio o sala que tenga la capacidad de albergar a unas 50 personas, para la celebración de juicios debido a que, según el juez, desde que inició el año no celebre las vistas públicas por falta de espacio físico.
En todo el año 2020, unos 1,219 reos que tienen un proceso bajo la responsabilidad de esa sede judicial han quedado en libertad o con cese de detención por superar los dos años de arresto provisional, establecido por la ley.
El juez está consciente de la liberación de los más de 1,200 reos, debido al vencimiento del término de la detención provisional, conforme al artículo 335, numeral 3 del Código Procesal Penal.
“Como juzgador tengo dos opciones: poner medidas alternas o sustitutivas, cuando estoy al margen de los 24 meses, pero ya vencido el término de los 24 meses, automáticamente, esas medidas desaparecen”, señaló el titular de la sede judicial especializada.
La crisis mantiene una parálisis en 127 procesos con 1,392 hechos acusados y un total de 1,944 procesados.
El juez, que pidió resguardar su nombre, señaló que, al principio del año, el problema era la falta de traslado de reos de parte de la Dirección General de Centros Penales y que al gestionar una audiencia virtual, el reclusorio carecía de una sala para ello.
Otro motivo para aplazar juicios era la implementación de medidas extraordinarias en los penales, dado que durante estas emergencias los reos no salían a sus audiencias.
Pero con la llegada de la pandemia del covid-19 la situación empeoró. Hubo suspensión de plazos procesales y las audiencias se suspendieron, pero al retornar, la sala de audiencia en la Torre Judicial de San Miguel no garantiza el distanciamiento físico.
“La torre judicial solo tiene capacidad con el distanciamiento social y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad acordadas por la Corte Suprema de Justicia, de 25 personas y básicamente en esas 25 personas está incluido el juez , el colaborador, el secretario, el técnico, la seguridad, que son casi 10 personas y queda un espacio para 15 personas y en esas están los abogados defensores, los fiscales y los imputados”, relató el juz especializado ayer.
El juez dijo que ha hecho las gestiones ante la Corte Suprema de Justicia sin recibir respuesta. Ayer, Diario El Mundo preguntó a la Dirección de Comunicaciones del Órgano Judicial sobre esta situación y aseguró que “se están haciendo las gestiones para verificar las condiciones del juzgado para la realización de las audiencias”, y agregó que esperan un informe para dar una posición al respecto.