El juicio se retrasó por dos empleados judiciales que resultaron contagiados por covid-19.
Dos empleados del Tribunal Cuarto de Sentencia contagiados por el Covid-19 y la falta de sala fueron los causantes para que el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador reprogramara para el 21 de junio, el juicio contra Rafael Eduardo Ardón Romero y Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez, cuñado y hermana de José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, acusados de blanquear $41.5 millones.
Uno de los fiscales manifestó que todas las salas del Centro Judicial Isidro Menéndez estaban ocupadas y que no había una disponible para desarrollar el juicio este lunes.
A ese inconveniente se sumó, que el personal judicial de San Salvador fue sometido a la prueba PCR y como resultado dos colaboradores salieron positivos a la enfermedad.
En cuanto al proceso judicial en contra de la pareja Ardón Cisneros; Fiscalía manifestó que Ardón ingresó y movilizó en sus cuentas más de $41.5 millones sin justificar su procedencia y origen; y de acuerdo con las investigaciones, no procede de sus actividades económicas conocidas.
“Se le han identificado todas las actividades económicas conocidas como la relación comercial con CTE Telecom, panaderías y venta vehículos y otros; y esos $41.5 millones no proceden de alguna o de todas esas actividades lícitas”, detalló el fiscal.
Ingresos.
Entre tanto, la investigación ha establecido que esos ingresos fueron obtenidos por la pareja Ardón Cisneros entre mayo de 2002 y septiembre de 2015; en todos esos años, según Fiscalía, ellos tienen ingresos en el sistema financiero nacional sin ninguna justificación de las actividades económicas conocidas.
“La desproporción mayor se encuentra a partir del año 2009. Hay una pericia en la que Ardón nombre a uno de sus peritos que examinó toda la situación patrimonial, el flujo de dinero, las fuentes de ingresos, el origen y destino; y el mismo perito de él, concluye y establece esa conclusión junto con Fiscalía, que no hay forma de establecer ese incremento patrimonial y que el mimos provenga actividades legales”, agregó el fiscal.
En una fiscalización por el impuesto de renta en 2012, se descubrió que los Ardón Cisneros habían evadido $1.9 millones; ya que en Ardón, ese año solo declaró a Hacienda ingresos por $2.2 millones y no declaró más de $10 millones.
Evasión.
En ese sentido, la Fiscalía concluye que la pareja Ardón Cisneros evadió impuestos por $1.9 millones en el caso 2012. “En 2013, es detectada una evasión intencional por el impuesto de venta IVA para los meses de noviembre y diciembre por más de $200,000. De ahí, que no hay manera de justificar las cantidades millonarias a su favor”, detalló Fiscalía.
El fiscal del caso afirmó también, que la esposa ayudó a Ardón a lavar dinero en el sistema financiero en su condición de empleada; la pericia dejó en evidencia los montos por salarios que ella devengaba como tal.
“Sin embargo, ella se prestó a sacar dinero de las cuentas de Ardón, sacó dinero en efectivo, ingresó dinero a sus cuentas, compró inmuebles, compró vehículos, ella a través del fenómeno propio de lavado de dinero adquirió un vehículo que su hermano había pagado $10,000 y ese mismo día lo compró ella en $38,000; eso en lavado de dinero representa, sobrevaloración del bien que se hace con fines de ocultación o con fines de trasladar un valor, no real”, explicó el fiscal.
La Fiscalía hará uso del peritaje que solicitó el imputado, además lo complementará con su propia pericia; además contarán con testigo.
La pareja Ardón Cisneros fue absuelta por el delito de lavado de dinero y activos por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el 19 de septiembre de 2017. Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara Tercera de lo Penal y ésta casi un año después el 21 de agosto de 2018, le dio la razón, tras anular el juicio y el fallo al que había llegado ese tribunal y ordenó que se hiciera uno nuevo.
En la resolución, la Cámara Tercera de lo Penal advirtió que el fenómeno de lavado de dinero en este caso representa algunas conductas realizadas y que están siendo investigadas por la Fiscalía, las cuales debían llegar a juicio.