La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una entrevista matutina en uno de los canales de televisión más vistos de El Salvador. Pese a la premura con la que fui invitada, me preparé lo mejor que pude. Leí y argumenté mi postura sobre el tema que estaba en la agenda pública. En ese momento, la Fiscalía General de la República se encontraba haciendo intervenciones a instituciones del gobierno con el objetivo de recolectar información sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la pandemia por COVID-19. Era “EL” tema en boca de la opinión pública. Por lo tanto, asumí que habría, al menos, una pregunta al respecto. Sin embargo, el énfasis de la entrevista fue en relación con el aborto y el matrimonio igualitario.


¿Cómo era posible que la agenda política giraba en torno a la corrupción y abriéramos debate sobre esto? De hecho, minutos antes, en ese mismo espacio había sido entrevistado el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara. Es decir, solo había cuatro minutos de diferencia entre las dos entrevistas. A pesar de mi desconcierto, respondí como siempre lo hago.


Estoy a favor de la legalización del matrimonio igualitario porque creo que se deben de reconocer derechos legales, deberes y obligaciones en una población que está actualmente desprotegida en todos los sentidos. También estoy a favor de retomar la agenda para despenalizar el aborto en al menos cuatro causales. Punto. ¿Fui evasiva en mi respuesta? ¡Sin duda! Lo fui porque me niego a que me encajonen en temas que surgen durante las elecciones y luego desaparecen. El entrevistador aseguró que solo trasladaba preguntas que hacían los televidentes. Sea o no de interés mi postura al respecto, yo puedo negarme a entrar en esta dinámica. Creo que son importantes ambos temas, pero sé el morbo que generan estas preguntas respecto al aborto y al matrimonio igualitario. Siempre son motivo de estigmatización. “¿Eres proaborto o eres provida?”.


Este prejuicio bloquea la posibilidad de poder retomar una agenda que gira en torno al reconocimiento de derechos humanos o del acceso a la salud pública, entre otras barreras que aparecen de manera automática. Lo reduce a una discusión dicotómica cargada de odio en un país altamente polarizado en todos los sentidos. De hecho, los comentarios enviados por los televidentes fueron el reflejo de este sentimiento. Entonces, con una sola intervención queda agotada la posibilidad de que se pueda analizar de manera responsable.


He notado que las mujeres que entran a la política respondemos de manera expedita a estos interrogatorios, como si estuviéramos programadas para ello. Veo una clara normalización en estas preguntas y en las respuestas que damos. Más allá de estar o no a favor, serás encasillada y cualquier argumento que puedas dar queda en segundo plano. El matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en las cuatro causales son temas que requieren ser abordados con seriedad y en su justa dimensión, muy lejos de la dinámica perversa electoral. Yo seguiré respondiendo las veces que sean necesarias a quienes estén “interesados” en mi postura al respecto, pero haciendo los énfasis que considero necesarios en este momento de la historia de El Salvador en la que estoy compitiendo como candidata a diputada. Tengo una formación académica y experiencia laboral con un claro sesgo en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La transparencia, el combate a la corrupción, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas son los temas que marcan mis enfoques. Esto soy y esta es mi prioridad. Si bien no son los únicos que me ocupan, en este momento será la punta de lanza de mis intereses.


Soy parte de un proyecto político que, junto a otros más, competirá en un escenario de claro deterioro democrático y que se expresa en el desmantelamiento de instituciones que juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es fundamental en el reconocimiento y protección de la población LGTBIQ+. Socavar a la PDDH a través de la reducción del presupuesto o atacarla sistemáticamente, por ejemplo, es minar también la garantía de derechos fundamentales de los y las salvadoreñas. Podríamos hacer críticas en relación a la gestión de esta institución, sin embargo, tanto la despenalización del aborto en las cuarto causales como el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario requiere de un Estado de Derecho y de instituciones públicas fuertes. ¡Mi dedo está en este renglón!