Por varios años, las llamadas Organizaciones No Gubernamentales, conocidas por sus siglas ONG, han efectuado de manera palpable por sus buenos resultados, una gran cantidad de diversos proyectos comunitarios, los cuales han beneficiado a miles de habitantes de nuestro país, especialmente, en comunidades ubicadas en zonas rurales y marginales, gracias a que dichos proyectos, por su viabilidad, coste y utilidad, han gozado desde hace largo tiempo del financiamiento extranjero sin que el Estado salvadoreño se comprometa en préstamos onerosos por la recepción de dichos recursos.

Hoy, esa situación positiva y de grandes proyecciones de avance socioeconómico, cultural y humano, se encuentra en grave riesgo de que las ayudas que año con año se han recibido sin ningún obstáculo, puedan sufrir una disminución o en el peor de los casos de una total suspensión, cuyos destinatarios, habitantes de comunidades pobres en su mayoría, soportarían los efectos de esas medidas restrictivas en asuntos financieros, que afectarían sus presentes y futuros planes de progreso y desarrollo integral.

Y como desde la antigüedad se ha dicho que toda causa tiene un efecto, debemos referirnos al origen esencial que ha generado comentarios adversos, cuyo efecto inmediato, sensible y perjudicial, sería precisamente la suspensión, a corto y mediano plazo, de la vital ayuda económica para las ONG salvadoreñas, el cual se circunscribe, palpablemente, en “un invento” de la actual legislatura nacional, con mayoría oficialista, al cual han denominado en su proyecto como “Ley de Agentes Extranjeros”, de cuyo texto íntegro sólo conocemos detalles poco claros e imprecisos, pues sus creadores y además promotores, le colocaron el consabido candado de “reserva informativa”, misma que, a pesar de lo poco que se conoce, ya encendió luces rojas de alerta en los gobiernos de naciones respetables como Estados Unidos de América y República Federal de Alemania, además de las voces en contrario de varios relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Transparencia Internacional, diversas organizaciones alemanas de cooperación aglutinadas en la Mesa Redonda de América Central, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y muchas otras meritísimas instituciones internacionales, que sería largo enumerarlas en esta columna. Con lo dicho bastaría para que un régimen estatal inteligente, cuidadoso y sensato, dejara de seguir con la trama de un libreto legislativo nada provechoso ni conveniente a la nación entera, mucho menos, por el daño que se ocasionaría a miles de salvadoreños de escasos recursos, quienes se verían privados de realizar y llevar a buen término, diversos proyectos de utilidad comunitaria.

Los intereses nacionales están muy por encima de cualquier interés partidario o político. Privar a decenas de organizaciones no gubernamentales de una ayuda sustancial que, por años, ha provenido generosamente de Estados Unidos de América y de la Unión Europea, entre varias, es suficiente razón fundamental para que tanto la Asamblea Legislativa como la Presidencia de la República, analicen con espíritu sereno y deber patriótico, la urgente decisión de apartar de su agenda, cualquier oscura aprobación que provoque la ruptura de un sustancial apoyo financiero gratuito, que sólo tiene como finalidad la de mejorar las condiciones deficitarias de nuestras comunidades. Errar es de humanos, pero rectificar es de sabios.