La peor barbaridad legislativa, que nunca jamás se aprobara en la historia republicana de El Salvador, acaba de tomar vida en un decreto de la actual Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista, en el cual ordena la inmediata remoción de jueces y magistrados, a quienes se les compruebe contar con edad mayor a sesenta años cronológicos, o treinta años de servicio continuo al frente de una judicatura determinada. Además de ser una legislación aberrante, discriminatoria e inconstitucional atenta, de manera evidente, contra normas internacionales de protección laboral para personas que ejerzan, de manera efectiva y eficaz, un trabajo de cualquier naturaleza, pese a contar con edades superiores al límite cronológico que, en forma inconsulta y nada científica, han establecido arbitrariamente nuestros legisladores actuales, sin ninguna justificación, análisis o estudios previos con profesionales especializados como médicos geriatras, psicólogos clínicos y terapistas ocupacionales. El mejor y más evidente ejemplo es el presidente Joe Biden, actual mandatario de los Estados Unidos de América, quien actualmente cuenta con 78 años de edad cronológica y dirige los destinos de la primera potencia mundial.

Y ya que hablo de edad cronológica, es preciso ilustrar a los próceres legisladores de “mipobrecitopaís” que, en Psicología, carrera que ejercí por muchos años, los profesionales de la conducta humana sabemos distinguir entre lo que significa edad cronológica y lo que conocemos como edad mental. La primera, se refiere exclusivamente a los años transcurridos desde el momento que nacemos al mundo exterior (sin contar los meses del embarazo), hasta el momento presente que existimos. En cambio, la edad mental, sólo accesible por la aplicación de pruebas científicas, llamadas generalmente “tests de inteligencia”, podemos medir la capacidad intelectual de una persona de cualquier edad cronológica, incluso de niños. Dividiendo la edad mental obtenida en esas pruebas, entre la edad cronológica, nos resulta un dato numérico llamado “cociente intelectual”, abreviado en castellano como C.I. y en idioma inglés como I.Q. que evidencia, de manera muy segura y aprobada mundialmente, si una persona goza de inteligencia normal, inteligencia superior o sufre de inteligencia subnormal que actualmente recibe la denominación de ser personas de bajo rendimiento escolar, pues ya desechamos aquellos términos despreciables de las antiguas escuelas psicológicas como idiota, imbécil y otros términos parecidos, que más parecían ofensas, que conceptos científicos. Un niño, de 9 años de edad cronológica, puede tener una edad mental superior al término medio, o contrario sensu, una persona de 25 años, puede contar con un cociente intelectual inferior. En resumen, la capacidad intelectual no aumenta ni disminuye por los años vividos, como deben haberlo pensado los eximios diputados actuales. Los genios siguen siendo genios, aun en épocas temporales muy viejas, como Albert Einstein quien, con más de sesenta años cronológicos, impartía excelentes clases de Física Nuclear en la Universidad de Princeton. Vaya este botón de rosa a las diputadas que aprobaron ese decreto anti juzgador.

Pero además de ese golpe bajo legislativo, aduciendo un erróneo concepto cronológico, es una medida inhumana, sin ningún asidero legal, pues a nadie se le puede despedir de una labor o trabajo, únicamente por causales no contempladas en el Código de Trabajo, mucho menos, en la Ley de la Carrera Judicial. Eso resultaría no solo en un contrasentido jurídico, sino en una abierta y pública arbitrariedad contra el Órgano Judicial salvadoreño, que tanto a nivel nacional, regional e internacional, no abonaría nada positivo o favorable, no solamente al actual gobierno del país, sino a todo nuestro Órgano Legislativo, por sobrepasarse de sus limitaciones constitucionales y tener injerencia en asuntos muy propios de otro Órgano de la República, al vulnerar su independencia ya reglada por la Constitución de nuestro país. Tomar la edad cronológica de los jueces como pretexto esencial de su malhadado y reprochable acuerdo, no solo carece de legalidad, sino que es una manera abusiva y nada científica de entender la capacidad intelectual de nuestros jueces y magistrados que, a estas horas, debe ser objeto de acres comentarios en los corrillos y tribunales de otras naciones del área centroamericana y del mundo entero. No tenemos dudas al respecto.

Confiamos en que prive el sentido común y pronto se rectifique este “mal parto legislativo”. Expresamos nuestra confianza en esa urgente, necesaria y humanizadora medida, que alivie tensiones imprevistas y que, de mantenerla, nos convertiría en el hazmerreír de otras legislaturas, fuera del ámbito salvadoreño.