La oficial de información pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eva Escobar, había presentado su propuesta de reserva de información contable y financiera una semana antes, el 13 de junio.
Ella había explicado a los magistrados de la CSJ que en el análisis requerido por el Pleno se incluyó un aspecto más: “no solo la información contable, financiera, bancaria y patrimonial” de los expedientes de la Sección de Probidad, sino los informes de Probidad sin fallo definitivo.
Los magistrados habían aprobado, el 6 de junio, la reserva de documentos sobre el exsecretario privado Élmer Charlaix, propuesta a solicitud de la CSJ por el jefe de la Sección de Probidad.
En la sesión del 20 de junio, cuando se tomó la decisión de la reserva general, el magistrado Sidney Blanco expresó su desacuerdo y argumentó que no fue una solicitud al pleno sino que “surge del interior de esta Corte” y que “constituiría una transgresión al principio de máxima publicidad”. Tildó la propuesta de innecesaria y pidió archivarla.
La magistrada Doris Luz Rivas Galindo defendió la propuesta, asegurando que la ley no exige que sea petición del usuario y mencionó la “seguridad jurídica, física y material, además de la dignidad personal de la persona que esté sometida a la investigación”.
En una segunda intervención, aseguró que una de las quejas del trabajo del anterior oficial de información era que debía “realizar un trabajo de determinación de toda aquella información reservada” de forma “previa” y luego que el tema que “habría que discutir” era el plazo de la reserva.
En una tercera intervención, Rivas Galindo que Probidad se ha estancado y que “esto lo dice con relación al resultado vertido en Cámara de uno de los casos en donde el pleno se pronunció respecto de que existían indicios de enriquecimiento ilícito y allá no se comprobó”.
Posteriormente, la magistrada María Luz Regalado –quien propuso en una sesión anterior abordar el tema antes de estudiar más casos de Probidad– dijo que su propuesta tuvo origen “en el tema de seguridad de las personas investigadas”, debido a que los informes “han aparecido en medios de comunicación” sin versión pública.
El magistrado Leonardo Ramírez Murcia, quien dijo estar de acuerdo en la reserva “cuando no se encuentran indicios de enriquecimiento ilícito”, aseguró que no entendía el argumento de que la ciudadanía “tiene derecho a conocer la información personal de carácter financiero de los sujetos investigados” porque, a juicio del magistrado, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los funcionarios y empleados corruptos.
Ramírez manifestó, según el acta, su preocupación de que se utilice “el término ciudadanía para referirse a los medios de comunicación” y defendió la propuesta como lo reflejado en la Constitución y la ley.
Luego, se llamó a votar y se obtuvieron ocho votos: Óscar López Jerez, Sergio Luis Rivera Márquez, Elsy Dueñas, Roberto Argueta, María Luz Regalado, Leonardo Ramírez, Bonilla y Rivas Galindo.
Magistrados rechazaron reserva
El magistrado Rodolfo González opinó que la reserva podía ser vista como “un intento a cerrar la información de una tarea en el combate a la corrupción”, según el acta de la Corte Suprema de Justicia en pleno del 20 de junio.
Por su parte, Florentín Meléndez, magistrado, aseguró que no debe sacrificarse la garantía de máxima publicidad por la seguridad de los investigados y de su familia, por lo que consideró es inconveniente.