La propuesta de reforma, presentada el pasado de 11 de junio por Acción Ciudadana y el diputado no partidario Leonardo Bonilla, pretende aumentar no solo multas a los partidos por recibir dinero del Estado, iglesias, partidos, extranjeros, gremios o procesados por corrupción. También pretende que la prohibición impida que empresas concesionarias del Estado también donde dinero a los partidos políticos.
La iniciativa, sin embargo, no sugiere que también se prohíban donaciones de contratistas del Estado a partidos políticos. El representante de la AC, Eduardo Escobar, reconoce que en realidad no han abarcado “a todos los que deberían estar prohibidos como donantes de los partidos”, pero señaló que “es importante que los concesionarios sean los primeros que se excluyan por el conflicto de interés”.
La AC presionó este fin de semana por la aprobación de la reforma. “Ante los señalamientos de la Fiscalía relativos a financiamientos a partidos políticos con fondos públicos, instamos a la Asamblea a aprobar la reforma que presentamos para incrementar sanciones y control sobre los fondos de los partidos”, expresó el Centro de Monitoreo a través de Twitter.
Unidad fiscalizadora
La reforma incluiría la creación de una Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ordena a que la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Ministerio de Hacienda hagan la fiscalización que corresponda a los partidos políticos. Esta Unidad recibirá la información del financiamiento por parte de los partidos, dentro de los primeros dos meses de cada año.
La CCR, si bien está obligada a fiscalizar cualquier institución que reciba fondos públicos, nunca ha fiscalizado las cuentas de los partidos políticos, pero con la reforma los partidos políticos estarían obligados a entregar a la CCR y al Ministerio de Hacienda la información de todos el dinero que reciben, su origen y destino detallados.
“Se le establecería mejor control al origen del dinero de los partidos políticos, porque se está solicitando crear una Unidad de Fiscalización, esta unidad va entrar a verificar que no se incumpla la ley con el origen de los fondos”, dice Escobar.
El tema está siendo estudiado en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, informó ayer que esperan que el TSE les responda si han creado una Unidad de Fiscalización. Una vez responda el TSE, dijo, van a tratar de retomar el estudio de la propuesta la próxima semana, dijo.
Sanciones
La donación a partidos de fuentes prohibidas es considerada falta grave en la Ley de Partidos Políticos. Actualmente, el procedimiento es iniciado de oficio por el TSE y el partido es sancionado con una multa de 15 a 55 salarios mínimos mensuales, un rango aproximado entre $4,500 y $16,500.
La propuesta de reforma plantea multas entre 0.5 % y 1 % del ingreso reportado por el partido. Pero si el partido reincide, la AC propone la suspensión de la deuda política y, por aceptar contribuciones de fuentes prohibidas en la ley, el retiro de la victoria electoral a los partidos y a los candidatos.
“Si es una sanción fuerte, eso va a evitar que partidos recurran a financiamiento ilegal y si lo hacen van a tener que establecer otro tipo de medidas, lo que hace más complejo acceder a este tipo de financiamiento”, sostiene el representante de la AC.
