Nidia Díaz


Dos dirigentes del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) argumentaron que la reforma a la Ley de Extinción de Dominio de bienes ilícitos es un asunto interno de El Salvador, en respuesta sobre la posible incidencia de la polémica reforma al esfuerzo del Gobierno en la búsqueda de la extensión del beneficio migratorio para 190,000 salvadoreños.

Nidia Díaz, de la Comisión Política del FMLN, aseguró que ellos han “demostrado tener un margen de soberanía” en la legislación salvadoreña y que por ello piden “respeto”. “Así como respetamos la normativa, la institucionalidad en Estados Unidos, así también pedimos que se respete a nosotros”, expresó. La dirigente de izquierda considera que la embajadora ha emitido “una expresión”. “La gente puede tener diferencias pero nosotros hacemos lo que consideramos más acorde a nuestro país”.

Otro dirigente del FMLN parte de la Comisión Política, Santiago Flores, tampoco cree que la reforma incidirá en la persuasión que pueda tener El Salvador a la administración de Donald Trump para que prolongue el TPS, y habla de “intromisión”.

“No se puede vincular con la intromisión de los asuntos internos en los países, eso es otra cosa. En el tema de la extinción (reforma) lo que se ha planteado es garantizarle a la población sus derechos como nacional, es una población circunscrita al territorio nacional”, afirmó.

Flores defendió la reforma diciendo que quieren darle seguridad jurídica al país. Este partido, sin embargo, asegura que la reforma “ha beneficiado más a ARENA porque aquí ha hecho destrozos” y menciona las privatizaciones. Aseguró que pueden haber opiniones pero dijo que a ellos les toca legislar “lo interno”.

La reforma fue aprobada el martes como parte de un conjunto de aprobaciones que incluyeron el aval al “transfuguismo” antes de marzo de 2017 y una reforma que permite al Estado contar con fondos para pagar pensiones del sistema público. Fuentes políticas aseguraron ayer que el Presidente de la República estaría a punto de sancionar el decreto, fuentes de Presidencia no lo confirmaron.