El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, llevó a alto nivel la discusión de la reforma de pensiones, conversando directamente con los presidentes de las juntas directivas de las administradoras de fondos para pensiones (AFP) Crecer y Confía en Casa Presidencial.

“Esta es una de las medidas. El Presidente ha decidido atender personalmente el tema al más alto nivel”, dijo el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, quien prevé “conclusiones” para “avanzar (en la reforma) en la Asamblea Legislativa”.

Así, los presidentes de la juntas directivas de la AFP Crecer, Juan David Correa, y de Confía, Guillermo Buezo, viajaron a El Salvador, para escuchar la propuesta del Gobierno y ratificar la propuesta de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP) como la única que provee un alivio fiscal sustancial y una mejora sostenible el monto de las pensiones.

El presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos para Pensiones (Asafondos), René Novellino, calificó de “positivo” el encuentro y lo tildó como una oportunidad diálogo “al más alto nivel del Ejecutivo”.

“Lo más importante es lo que pueda derivarse de la reunión, es decir, que haya seguimiento, la presencia del Presidente es bastante significativa”, dijo.

El Gobierno y las AFP hablaron sobre las consecuencias de la resolución de la Sala de lo Constitucional que dejó sin efecto el aumento de la inversión de ahorros para pensiones de las AFP en el pago de pensiones del sistema público a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP).

De acuerdo a Novellino, coincidieron en un 100 % en que no se puede dejar sin una pensión a los salvadoreños afiliados a las AFP, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) e Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Según Lorenzana, coinciden en la creación de un fondo intergeneracional, en donde las pensiones se pagan del mismo ahorro de las pensiones, y que las AFP deben seguir administrando los fondos.

Por su parte, las AFP insistieron en que la reforma debe respetar la propiedad sobre el ahorro de los trabajadores, lograr un balance entre el alivio a las finanzas públicas y la mejora de pensiones, tener estudios actuariales y ser sostenible en el tiempo.