El único caso en el cual el funcionario ha sido exonerado fue el del diputado del Partido Concertación Nacional (PCN) Reynaldo López Cardoza, quien en un inicio según la CSJ no justificó el origen de $1.3 millones y que la Cámara Segunda de lo Civil determinó que el origen de sus fondos eran las excesivas prestaciones que tiene en la Asamblea Legislativa.
“Ya ha habido un caso, que no voy a mencionar el nombre, que la persona salió bien librada en la Cámara y eso dice mucho. La especulación es grande, nosotros no somos cualquier ciudadano, somos ciudadanos que tenemos un plus, debemos ser responsables de lo que hacemos y lo que decimos porque a veces se desprestigia a la gente con un discurso”, dijo, en la reunión de Corte en donde se decidió dos importantes reservas en la información patrimonial de funcionarios investigado por Probidad.
“Yo no estoy defendiendo a nadie, pero también ya no podemos seguir cometiendo tanta ligereza. Porque yo dije: en este caso, ¿qué pasó?, había indicios, pero ya no se confirmaron en la Cámara, eso dice mucho, de que la persona puede ser declarada inocente y eso no tiene nada que ver con la responsabilidad penal que en su momento puede llegar a tener. Esa es una muestra que también nos dice que como Corte Suprema de Justicia podemos equivocarnos, habemos 15 personas que somos seres humanos que tenemos la capacidad de equivocarnos, la fabilidad humana, no correr ese riesgo y seguirlo corriendo, y no proteger si quiera ese ínterin de la investigación”, pronunció la magistrada en Corte Plena.
La funcionaria dijo estar de acuerdo en visibilizar al “ciudadano corrupto” pero instó a hacerlo “responsablemente”. Negó que quiera dar “un paso atrás” a la corrupción. “No se trata de eso, de desacalificar nuestras posiciones, no es que estemos en contra de combatir la corrupción, pero hagamos las cosas ordenadamente”, expresó.
Las afirmaciones de la funcionaria fueron obtenidas del audio de Corte Plena del 20 de junio. El argumento a favor de la reserva fue el honor, la intimidad patrimonial y la dignidad del funcionario investigado por la Sección de Probidad de la CSJ.
A ello Rivas Galindo aseguró la vulnerabilidad de los funcionarios investigados a la extorsión, al crimen organizado y al narcotráfico.
“Todos y todas tenemos derecho a que se respete la dignidad y también a que se garantice el respeto a la seguridad jurídica, seguridad física y material. A mí en lo personal me preocupan que entren en mis cuentas no porque tengo algo que ocultar porque cualquiera puede creer (por deudas) ‘Ah, esta señora tiene plata’, comenzar a extorsionar, se dice que no puede ser, ¡claro que sí puede ser!”, afirmó.
Posteriormente agregó que también “el crimen organizado, el narcotráfico, que pueden incursionar a instituciones del Estado, de cualquier otra esfera de poder, tienen posibilidades de hacerlo”.
En la misma reunión de Corte Plena, los magistrados opuestos a la reserva argumentaron que la reserva a casos no resueltos era innecesaria porque ya estaba legislado en la Ley de Acceso a la Información Pública pero advirtieron que esta reserva podía ser interpretada como un obstáculo al acceso a la información pública y al combate de la corrupción en El Salvador.
El 20 de junio, la Corte Suprema de Justicia resolvió dos cosas: reservar permanentemente información contable, financiera, patrimonial de investigaciones sin resolución definitiva; y reservar por siete años dicha información cuando los magistrados decidan que no hay indicios de enriquecimiento ilícito.
