El magistrado Sidney Blanco aseguró en el pleno de la Corte Suprema que los oficiales de información no han sido creados para frenar la información pública. / DEM


La oficial de información de la Corte Suprema de Justicia aseguró en Corte Plena que su propuesta de reserva a información patrimonial obedecía a una designación recibida por la Corte Suprema de Justicia el martes 13 de junio.

“Se me ordenó analizar la posibilidad de que el pleno reservara datos financieros y contables de las personas sujetas a investigación en la Sección de Probidad”, afirmó, de acuerdo a los audios de Corte Plena en poder de Diario El Mundo.

Según la oficial, un primer proyecto proponía la reserva de información de expedientes en trámite en la Sección de Probidad, es decir, aquellos en los cuales no se ha emitido una resolución definitiva en la que ha determinado que hay enriquecimiento ilícito.

“Estamos refiriéndonos a la información financiera, contable, bancaria, patrimonial que consta en expedientes de investigación incorporados porque el funcionario o empleado haya presentado como información anexa o porque el mismo funcionario lo haya presentado como prueba de descargo cuando la Sección de Probidad le corre traslado”, explicó a los magistrados de la CSJ.

Sin embargo, aseguró que les proponía incluir dentro de la reserva reservar también los expedientes en donde los magistrados decidan que no hay indicios de enriquecimiento ilícito.

“En este segundo proyecto les propongo incluir dentro de la reserva un apartado en el cual se aclara que no solo se decreta reserva respecto de aquellos expedientes que están en trámite sino también en aquellos expedientes donde la CSJ en pleno determina que no existen indicios de enriquecimiento ilícito, ¿por qué?, esta es la parte que es diferente al proyecto del jueves de la semana pasada”, afirmó.

Aclaró que las declaraciones patrimoniales en su versión pública y que las resoluciones definitivas de la CSJ siempre serán públicas, y que lo que no se entregará son “los antecedentes y las deliberaciones”.

“Las razones son de que en síntesis hay que proteger, según este proyecto, la información patrimonial, financiera y bancaria del funcionario respecto que el análisis ha determinado que no existe indicios enriquecimiento ilícito, de ahí que su patrimonio, el secreto bancario, la intimidad personal, la seguridad jurídica, podrían verse afectados de revelar información que no establece ninguna infracción a la probidad”, fue el argumento de la oficial.

Pocos magistrados opinaron sobre la nueva propuesta de la oficial. El magistrado Edward Sidney Blanco opinó que la propuesta general “contrasta con el principio de máxima publicidad” y explicó: “Con toda esta apertura surgida desde hace más de seis años que la Sala de lo Constitucional reconoció el derecho al acceso de información pública… En esa línea, la propia Ley de Acceso a la Información Pública y todas las entidades están creadas justamente para eso, para facilitar el conocimiento y el acceso público de información que es de interés público, obviamente ese es el sentido de crear oficiales de información, Instituto de Acceso, no deben estar creados para la labor contraria, para frenar la información pública, sino para accesar a la misma”.

La magistrada Doris Luz Rivas Galindo aseguró que la CSJ ha liberado información “que no debió darse” y que ha habido filtración de información.

Aquel 20 de junio, los magistrados decidieron reservar la información de los funcionarios exonerados por la misma CSJ. Lo único que no reservaron fue dicha información para instituciones públicas que investigan la corrupción como la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República.