Concretamente, la PDDH quiere que la Sala se pronuncie sobre “su omisión de resolver en los plazos establecidos” en el artículo 77-F de la Ley de Procedimientos Constitucionales.
En un comunicado, la procuradora Raquel de Guevara, manifiesta que está preocupada por declaraciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que “aparentemente han adelantado sus criterios”.
La funcionaria recomendó al TSE abordar con “diligencia, seriedad y prontitud los procesos de cancelación de los partidos de acuerdo a lo señalado en lo Constitucional ciñendo su decisión a los principios de legalidad, seguridad jurídica e imperio del derecho”.
Por su parte, el presidente del TSE, Julio Olivo, aseguró ayer que la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró constitucional el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, que exige 50,000 votos a los partidos para subsistir, es un “sofisma”, porque “juega” con palabras en sus fallos para “engañar”, expresó.
Ni Olivo ni la magistrada Guadalupe Medina quisieron responder si basarán su decisión en los resultados electorales de 2015 o los de 2018.