La reforma vetada por el Presidente es una recomendación internacional al país. / DEM
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, rechazó una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República para poder recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.
La reforma aprobada el 20 de julio por la Asamblea Legislativa pretendía cumplir con una recomendación del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera para que esta unidad tenga independencia y autonomía técnica operativa respecto del fiscal general.
Sánchez Cerén consideró que la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es inconstitucional.
“La reforma precisamente elimina el que dicha Unidad sea dirigida por el Fiscal General de la República... Le confiere autonomía funcional y técnica a un funcionario diferente al fiscal general de la República..., elimina atribuciones de origen constitucional al fiscal general de la República”, señala el presidente, en el escrito devuelto y recibido este jueves por el pleno de la Asamblea Legislativa.
El gobernante sostuvo que la reforma “trastoca la esencia de la Fiscalía” y “rompe el orden establecido” por la regulación constitucional.
En el dictamen aprobado, los diputados señalaron que la reforma se consideró necesaria de la verificación realizada en junio de 2018 por los delegados del Grupo Egmont de las Unidades de Inteligencia Financiera.
Sin los votos del FMLN. La Asamblea aprobó las reformas que dan autonomía a la Unidad de Investigación Financiera con 55 votos y 21 en contra.
GAFI recomienda autonomía de UIF
De acuerdo a la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que puede ser consultada en su sitio web, la UIF debe ser independente y autónoma operativamente. “La UIF debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o comunicar información específica”, reza el literal “e” de la recomendación. En el literal “f” indica que la UIF debe estar “libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida”.
Sánchez dice, en el veto, que la recomendación 29 “puede hacerse reglamentariamente” o que se puede dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de “cierto grado de autonomía”.