El sujeto fue remitido al Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador que lo reclamaba desde hace varios años por el delito de financiación de actos de terrorismo, el cual es sancionado con una pena que oscila entre 20 y 30 años de prisión. Martínez es un remanente del caso “Cuscatlán”, es decir, de un grupo de financistas de las pandillas desarticulado por la Fiscalía y la PNC hace un par de años. Actualmente enfrenta otro proceso en el Juzgado de Paz de Ataco, por portación ilegal de armas de fuego.
Cuando Martínez fue presentado al juzgado y cuando fue trasladado a la audiencia, a diferencia de la mayoría de reos, lucía una camisa y un short de marca valorado en más de $250 el conjunto. Una investigación periodística indica que en la casa de campo que alquilaba solía hacer fiestas similares a las que organizan los narcos; con mujeres, licor fino y drogas. Todo financiado con dinero de los chantajes.
En otro hecho relacionado, los pandilleros MardoqueoVásquez y Oscar Mora, ambos de 22 años, fueron condenados a 12 años de cárcel por un tribunal capitalino por el delito de extorsión en perjuicio de pequeños comerciantes, a quienes exigían $10 semanales. Vásquez y Mora vivían en la comunidad El Éxito, en sendas champas y sumidos en la pobreza. Según la acusación, ellos exigían y recogían el dinero y se lo daban a los líderes pandilleriles, quienes los amenazaban con purgarlos si se quedaban con dinero de la mal denominada “renta”.
Vásquez y Mora fueron defendidos por procuradores públicos, porque sus familiares no pudieron pagarles abogados particulares, a diferencia de Martínez quien fue defendido por cuatro abogados particulares y posiblemente en las siguientes etapas del proceso tenga más defensores.
Así pasa, la mayoría de pandilleros extorsionan y todo ese dinero va a parar a manos de los líderes de las pandillas que despilfarran esa plata que la han obtenido generando dolor y sangre en la población honrada. Los pandilleros amenazan de muerte y matan a quien se niega a ser extorsionado o simplemente no puede pagar.
Continuamente son procesados pandilleros que mataron a otros mareros porque se quedaron con el dinero de la extorsión. Ese dinero mal habido por regla de los grupos terroristas, debe ir casi íntegro a los líderes que viven con todo lujo en ranchos y mansiones, con carros nuevos y caros, rodeados de drogas y licor, y ordenando asesinatos y toda suerte de delitos.
Los pandilleros deben saber, como dice la campaña gubernamental, que a ellos no les esperan lujos ni comodidades, sino la muerte, el hospital o la cárcel. Cuando detienen a los pandilleros denominados “soldados” o “colaboradores”, a sus líderes no les importa su destino, pues su objetivo es vivir como reyes sembrando el dolor con la ayuda de “tontos útiles”. El camino que deben tomar los pandilleros es renunciar a sus organizaciones y buscar el camino correcto, aprovechando las oportunidades de reinserción social.
La extorsión es la vía fácil de las pandillas para mantener con lujos a sus líderes. A propósito también es un delito fácil de perseguir y para el Ministerio Público es una acción delictiva relativamente fácil de comprobar y lograr condenas.
La población debe confiar en la institucionalidad del Estado; es decir, confiar en la PNC, en la Fiscalía y en el sistema judicial, para denunciar toda forma de extorsión. Nadie tiene que pagar por trabajar, por residir o movilizarse en alguna zona o porque a los pandilleros se les ocurre exigirle dinero bajo amenazas de muerte. La PNC y la Fiscalía tienen su propio protocolo de actuación para dar con el paradero de los extorsionistas y presentarlos ante la justicia. No es posible que “tontos útiles” se dediquen a extorsionar, desaparecer y desplazar obligadamente a la población y hasta matar, para que otros como Gustavo Adolfo Martínez vivan como reyes, sin importarles que esa forma de vida es producto del dolor de la gente honrada.