La Operación Cuscatlán fue ejecutada en febrero de 2018. / Archivo DEM


El Juzgado Especializado de Instrucción “B” determinó enviar a juicio a 263 miembros de la Mara Salvatrucha que fueron detenidos en la “Operación Cuscatlán”.

La Fiscalía General de la República acusó a 277, pero al emitir la decisión exoneró a dos de forma provisional y a 12 definitivamente. Se informó que esta causa se acumulará a la que ya está esperando vista pública en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” donde son 165 imputados del mismo caso.

Al final dicho juzgado enjuiciará a 428 imputados por delitos de organizaciones terroristas, lavado de dinero, extorsión y homicidio.

La vista pública está programada que inicie el próximo 7 de octubre y se extienda hasta el 1 de noviembre. Cuando el caso fue judicializado, la Fiscalía presentó acusación contra 508 imputados.

También el Juzgado Especializado de Sentencia “B” admitió al Ministerio Público la declaración del testigo con régimen de protección clave “Vito”, para que atestigüe y realice reconocimiento en rueda de personas, contra supuestos “testaferros”, de la Mara Salvatrucha, procesados por lavado de dinero y organizaciones terroristas.

Uno de los fiscales dijo ayer que se trata de 11 imputados quienes supuestamente han lavado $1 millón, entre ellos figura la comerciante de la colonia Santa Lucía de Ilopango, Irma Lorena Rodríguez y la empresaria de la ruta 29, Florinda Recinos Blommaner.

Según la acusación fiscal, los imputados tenían la calidad de colaboradores de la MS y el dinero que recibían de esa estructura lo invertían en sus negocios, pero las ganancias que obtenían se las repartían en diversos porcentajes.

El 70 % era para la pandilla y el 30 % para los testaferros, ese accionar delictivo lo realizaron durante 11 años.

En audiencia preliminar, la Fiscalía los acusaba del lavado de dinero por un monto de $2 millones entre 15 imputados, entre ellos los referidos empresarios del sector transporte y dueños de negocios.