El presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, informó hoy del inicio de juicio de cuentas por la adquisición y distribución de canastas alimentarias y paquetes agrícolas.
Los funcionarios que enfrentarían juicios de cuentas por estos proyectos serían provenientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Anzora explicó que la ejecución del plan de auditoría por el uso fondos covid19 aprobado por la Corte de Cuentas “avanza satisfactoriamente”.
“Casi todas las acciones de control está en fase de análisis de respuesta del administración, a próximos días de emitir ya los informes definitivos de auditoría”, informó.
Agregó que se sumaron al plan de auditorías dos acciones de control, la adquisición y distribución de canastas alimentarias, y la adquisición y distribución de paquetes agrícolas, esta última no estrictamente relacionada con fondos manejados por el Gobierno en el marco de la pandemia.
Esos informes definitivos ya fueron comunicados a todas las autoridades, remitidos al área jurisdiccional de la Corte de Cuentas para que sean del conocimiento y sean incorporados a juicios de cuentas de los cuales están a cargo los jueces de cuentas de la Corte de Cuentas”. Roberto Anzora, presidente de la Corte de Cuentas.
Los hallazgos, dijo, pueden derivar en algunas responsabilidades administrativas y otras en responsabilidad patrimonial, dependiendo cómo. se transmiten los casos en cámaras de primera instancia.
Rinde cuentas a Asamblea
El funcionario acudió hoy a la Asamblea Legislativa, en donde presentó el informe anual de labores de la institución.
La Corte de Cuentas recibió en 2020 una asignación presupuestaria de $44.2 millones de los cuales ejecutó $41.1 millones. La institución ejecutó 526 acciones de control: 108 auditorías, 418 exámenes especiales, se encontraron 1,584 hallazgos, 151 de carácter financiero, 122 de control interno y 1,311 de cumplimiento legal.
Los auditores de la Corte de Cuentas determinaron un total de $84,947,370.74 de responsabilidades patrimoniales. Las condenas suman una responsabilidad por $6,176,857.82. Mientras, la Cámara de Segunda Instancia impuso montos condenatorios por $509,611.67.
El Gobierno continúa la distribución de paquetes alimentarios. En Santa Ana, distribuyó 5,000 paquetes luego del incendio. Fotografías: Casa Presidencial.