El 1 de julio de 2012, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, organizó aquel vergonzoso tarimazo con el que intentaba destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y cual árbitro de boxeo, le levantaba la mano a un patético Ovidio Bonilla como que fuera el ganador de una pelea sobre el ring.

Vale la pena recordar que algunos personajes que acompañaron entonces a Reyes en ese tarimazo ahí siguen en la Asamblea. Algunos siguen atacando a la Sala de lo Constitucional actual y otros son ahora férreos defensores de esta.

Esta es la historia del país en los últimos lustros y el conflicto persiste. El afán de control sobre la independencia de las instituciones continúa y eso causa un ciclo permanente de incertidumbre política e inseguridad jurídica.

La democracia tiene en una de sus esencias un balance de poderes, un sistema de pesos y contrapesos que evitar el poder absoluto de las dictaduras o las monarquías de antaño. El concepto que tenemos que entender es que una Sala de lo Constitucional independiente es la que permite que un ciudadano, afectado en sus derechos, pueda ser amparado o protegido por el máximo tribunal del país ante un abuso de otros órganos de Estado, ya sea el Órgano Ejecutivo o la Asamblea Legislativa.

En la década pasada, Reyes y sus amigos del FMLN pretendieron frenar a la Sala para evitar el contrapeso que impidió el establecimiento del “Faro venezolano” que soñaban. Por eso el tarimazo.

Pero parece que nos falta mucho por aprender. Es fundamental el respeto al balance de poderes. Las grandes democracias lo practican y los grandes líderes mundiales lo tienen claro. Pero, lo más importante, los ciudadanos tienen esa certeza en los países con democracias fuertes. No olvidemos eso.