El presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Miguel Arévalo Rengifo, dijo que la Cicies anunciada por el presidente Nayib Bukele no es el proyecto que se planteó en el Plan Cuscatlán, ya que ahí se presentaba una Comisión con más atribuciones, constituida a través de un tratado internacional firmado entre El Salvador, la OEA y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que, además, iba a ser sometido a ratificación de la Asamblea Legislativa.
El abogado aseguró que el ámbito de actuación es muy limitado, ya que “solo está circunscrito al Órgano Ejecutivo”, ya que debe ser independiente y autónomo de dicho órgano del Estado para que se puedan investigar actos de corrupción que han estado en la impunidad.
Por su parte, el abogado y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, calificó de “atropellado” el lanzamiento de la Cicies.
“La primera impresión es que, por querer hacerlo en un tiempo determinado y cumplir con que el anuncio se hiciera antes de los 100 días, se ha hecho de manera un poco atropellada”, dijo. Según González, la Cicies aún no tiene un mandato concreto.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló que aún no hay un convenio con objetivos, mandatos, alcance y las atribuciones. Aseguró que la Cicies debe ser un convenio entre el Estado salvadoreño y la OEA, no entre el Órgano Ejecutivo y la OEA; y por tanto “debe someterse a ratificación de la Asamblea”.
Por su parte, la investigadora de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Claudia Ortiz, señaló que el presidente no lanzó el pasado viernes una Cicies, sino que inició el proceso de funcionamiento de la misma, donde se presentó un mecanismo que no tiene la envergadura de una Cicies como “la ha estado demandando la ciudadanía desde hace muchos años”.
Lamentó que la OEA “se prestara a este juego de palabras” para “llenar las expectativas” sobre los 100 días.
Reiteró que lo más importante es que la Comisión tenga facultades para investigar en el marco de un proceso penal, judicial y que haya coordinación con la Fiscalía General.