La reacción de los abogados surgió por el constante conflicto que el Ejecutivo mantiene con el resto de órganos del Estado, el desconocimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ha habido durante la crisis por el COVID-19 en el país y las violaciones a los derechos humanos, principalmente en esta pandemia por COVID-19.
El abogado y director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Luis Mario Rodríguez, dijo que la reciente amenaza que el presidente de la República, Nayib Bukele, de demandar a la Sala de lo Constitucional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una “muestra clara que el Presidente desconoce al Órgano Judicial y no se somete a sus resoluciones judiciales”.
Según el director del Departamento de Fusades, esta advertencia denota que el Ejecutivo no está dispuesto a reconocer y aceptar la separación de poderes.
“El solo hecho de desconocer el principio de separación de poderes habría sido motivo ya para que la OEA, con carácter urgente, convocara a una sesión extraordinaria y evaluara el caso salvadoreño”, dijo Rodríguez.
Cuestionó “el silencio y la actitud pasiva” de la OEA y dijo que el secretario general, Luis Almagro, “debe atender la preocupante situación de El Salvador y revisar el comportamiento autoritario del Presidente y llamarlo al orden”.
El abogado Raúl Mirón coincidió en que “el secretario general de la OEA ha guardado un silencio cómplice” al no pronunciarse por la violación de derechos y el irrespeto a la separación de poderes y Estado de Derecho, no solo en esta pandemia, sino desde que el Ejecutivo tomó posesión el 1 de junio de 2019.
“(Luis Almagro) tiene un doble estándar. Condena las violaciones de Nicaragua y Venezuela, pero calla en las violaciones a derechos y la dictadura que empieza a gestarse en El Salvador”, cuestionó.
Asimismo, dijo que la violación de derechos humanos, el irrespeto a la separación de poderes y al Estado de Derecho son causales para que la OEA aplique la Carta Democrática, a fin de preservar el sistema democrático salvadoreño.
El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya recomendó que la OEA le dé “seguimiento al comportamiento del Ejecutivo” porque ha vulnerado la Carta Democrática Interamericana en materia de derechos humanos.
“En el artículo 3 habla del respeto a los derechos humanos pero creo que la conducta del Ejecutivo, sobre todo en la violación a la libertad física con más de 2,500 detenciones ilegales y violación al derecho a la salud al no entregar los resultados y no hacerle las pruebas de COVID-19 a las personas que han estado en confinamiento, es una violación a los derechos humanos por parte del Ejecutivo”, valoró.
La Sala de lo Constitucional prohibió que se detuviera o a las personas por el hecho de violar la cuarentena y ordenó que el Ministerio de Salud evaluara a los detenidos y valora si debían pasar a cuarentena domiciliar. El Gobierno realizó este tipo de detenciones hasta el 8 de mayo: 2,424 personas.
El abogado Humberto Sáenz consideró que el accionar del Ejecutivo ha causado una ruptura grave en el orden jurídico, institucional y democrático de El Salvador; por eso, considera que la OEA puede aplicar la Carta Democrática.
El 8 de junio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto de cuarentena domiciliar por violar la libre circulación, considerando que ese derecho solo puede ser limitado por la Asamblea Legislativa.
