El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, indicó que el Gobierno debe coordinarse con el Órgano Legislativo para emitir una legislación antes del próximo 23 de agosto, fecha en que vence la vigencia del decreto ejecutivo 32. Advierte que, si no hay una normativa que regule la pandemia, no habrá obligación de las personas de inhibirse a reactivar cierta actividad económica.
“No hay otra vía, ya la Sala (de lo Constitucional) ha determinado qué es válido y qué no, y en esa medida no se puede obviar que haya una coordinación entre la Asamblea y el Ejecutivo para que la Asamblea emita una regulación, estableciendo fechas, y el Presidente la sancione. Creo que desde el punto de vista político tendría que de alguna manera ceder algo la Asamblea y ceder algo el Presidente, si no, va a quedar en voluntad de las personas”, aseveró Escobar a Diario El Mundo.
Asimismo, el director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, aseguró que la Asamblea Legislativa y el Gobierno tienen tiempo suficiente para aprobar un instrumento jurídico con el fin de enfrentar la pandemia adecuadamente.
“El llamado es a la responsabilidad por parte de los órganos fundamentales del Estado, sobre todo del Ejecutivo de no emitir decretos inconstitucionales, que el Ejecutivo ya no haga uso irresponsable del veto (es necesario) que se logren los acuerdos necesarios entre la Asamblea Legislativa y que el Ejecutivo también esté abierto”, dijo Castro.
Por su parte, Ruth López, abogada constitucionalista y catedrática de la Universidad José Simeón Cañas (Uca), coincidió con Castro en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) manda a la presidencia y el Órgano Legislativo “una vez más a llegar a acuerdos” para la aprobación de una ley para controlar la crisis sanitaria.
El Gobierno emitió el pasado 29 de julio el decreto ejecutivo 32, que regula las fases de reapertura económica al igual que su predecesor, el decreto ejecutivo 31. Ambos, reiteran los abogados, limitaban derechos constitucionales sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
En su artículo 9, el decreto ejecutivo 32 indica que todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse gradualmente. También manifiesta que las entidades públicas, los sectores empresariales privados, sus empleados y los particulares en general “deberán respetar la gradualidad en la reactivación de las actividades económicas, laborales y sociales”, manteniéndose en sus domicilios si la actividad no se ha reanudado.
De acuerdo a la última sentencia de la Sala, en este nuevo decreto, se repiten los vicios de inconstitucionalidad señalados cuando declaró ilegal la cuarentena impuesta por el Gobierno. En ese momento, ordenó al Ejecutivo y a la Asamblea a emitir una ley formal para regular las medidas sanitarias y económicas por la cuarentena.
Después de cinco días de discusiones, los representantes del Ejecutivo y diputados de la Comisión Política no lograron aprobar una ley de consenso total, por temas como la apertura del transporte público, el período necesario de cuarentena total, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Como respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 661, que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia de covid-19. Esta fue vetada por el presidente de la República, Nayib Bukele; y luego ratificada por los diputados. La Sala aún no ha emitido sentencia sobre esta controversia constitucional.