La Policía Nacional Civil ha dado dos versiones diferentes sobre el accidente. Primero señaló que fue ocasionado por desperfectos mecánicos y luego lo atribuyó a la excesiva velocidad que conducía el motorista del autobús. Si en El Salvador se cumpliera la ley, muy probablemente ese accidente no hubiera ocurrido.
Si hubiera sido por fallas mecánicas entonces estaríamos ante el incumplimiento de la ley que establece las Revisiones Técnicas Vehiculares, algo que varios gobiernos han postergado su aplicación y que las autoridades actuales deberían contemplar seriamente.
El artículo 14 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla la obligación que “todos los vehículos automotores deberán someterse periódicamente a las revisiones mecánicas correspondientes, las que se llevarán a cabo en los sitios y talleres autorizados y especificados previamente por el Viceministerio de Transporte (VMT), de acuerdo a lo establecido por el Reglamento respectivo”. Simplemente nadie lo ha aplicado.
Desde el 2011, el VMT de entonces condicionó a los transportistas que para seguir recibiendo el subsidio, debían instalar gobernadores de velocidad en las unidades del servicio interdepartamental en el plazo de un mes y dos meses al servicio urbano. Esos plazos nunca se cumplieron y los motoristas del transporte público siguen manejando sus unidades a la velocidad que se les antoja y muchas veces, en estado de ebriedad o drogados. Es hora de cumplir la ley y evitar más accidentes como el de Chiltiupán.