El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amparó a un grupo de desplazados por la violencia y le dio a la Asamblea Legislativa hasta el 13 de enero de 2019 para que legislara en esta materia.
Casi un año después, la nueva normativa será aprobada este jueves 12 de enero en la sesión plenaria.
La comisión acordó que la fuente de financiamiento para implementar la ley será el fondo general de la nación, las donaciones o la cooperación nacional e internacional que reciba el Estado, y otras fuentes de financiamiento que el Gobierno estime conveniente.
La comisión retomó la propuesta del Gobierno y descartó financiarla con los recursos de la contribución especial a la telefonía. Rechazó la idea de la oenegé Cristosal, que consistía en elevar del 30 % al 100 % el impuesto a la venta de armas.
El anteproyecto de ley delega al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como entidad rectora de la normativa y le asigna la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas Desplazadas Internamente.
Ese Sistema estará integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la República e instituciones del Órgano Ejecutivo encargadas de la reconstrucción del tejido social. Quedarán obligadas a incluir en sus presupuestos los fondos que necesitarán para atender las víctimas del desplazamiento forzado.
Excluyen a PDDH
Los diputados de la Comisión de Legislación acordaron, por unanimidad, que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (Ute) no integrarán el Sistema nacional de atención y protección integral a personas desplazadas internamente.
La comisión llegó a la conclusión de que la PDDH no podía integrar el Sistema porque sería “juez y parte” de las decisiones que puedan tomarse al conocer un caso de desplazamiento forzado. Según la comisión, la PDDH debe vigilar si las instituciones que integran el Sistema cumplen o no con la atención de las víctimas.La comisión también excluyó a la Ute porque la unidad que posee solo se encarga de atender y proteger a víctimas y testigos, y no de atender a las víctimas de desplazamiento forzado.
