El expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, aprobó por acuerdo interno la emisión de “certificaciones” para los funcionarios que pidieran finiquitos y no tuvieran a esa fecha “sentencias ejecutoriadas”.

La figura la creó por medio del acuerdo Número 315 de la Corte de Cuentas, el cual ha pedido la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso de investigación sobre la emisión del finiquito al expresidente de la República, Mauricio Funes.

“Que mientras no se emiten las sentencias definitivas de los juicios de cuentas, la institución a solicitud de los cuentandantes, les extiende certificaciones de que no tienen cuentas pendientes por sentencias ejecutoriadas de sus actuaciones”, dice el acuerdo 315 que firmó Tóchez.

Además, el mismo acuerdo da la potestad al presidente de la Contraloría de conocer las solicitudes y será quien las firmará las “certificaciones”.

“Que las solicitudes de certificaciones deben ser dirigidas al señor presidente de esta Corte de Cuentas, quien las firmará al momento de ser emitidas”.

El acuerdo fue firmado por el mismo Tóchez el 26 de septiembre de 2013.