La carta de intención suscrita el viernes entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de El Salvador establece una obligación al Ejecutivo de cooperar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

El punto 1.2.4 de la carta de intenciones indica que el convenio de la Cicies deberá incluir el mandato, los objetos y los alcances de la Cicies.

Entre estos alcances se deberá tomar en cuenta, indica, “la obligación del Gobierno de cooperar con la Cicies, su personal, consultores y contratistas en todo aquello que sea requerido para la ejecución óptima de su mandato”.

Los firmantes de la carta –la canciller Alexandra Hill y el representante del secretario de la OEA Luis Porto– se comprometieron a incluir en el convenio “las facultades y funciones de la Cicies que le permitan cumplir con su propósito de una forma efectiva, autónoma, independiente, neutral y transparente”.

Según el documento oficial, publicado por la OEA en su sitio web, el propósito de la Cicies es “apoyar, fortalecer y colaborar activamente” con las instituciones “encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción” y delitos fiscales, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada nacional y transnacional, “en términos no limitativos”.

El convenio de la Cicies será firmado dentro de los tres meses siguientes a la firma de la carta, es decir, entre septiembre y diciembre; y su vigencia iniciará luego de ciertos procedimientos legales.

La Cicies podrá establecer acuerdos con la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, así como podrá cooperar con las instituciones nacionales competentes.

 

Dudas y reservas

El acuerdo ha generado diferentes opiniones de abogados, políticos y representantes de organizaciones privadas.

El presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, consideró el ámbito de actuación “muy limitado”, ya que solo está circunscrito al Órgano Ejecutivo. El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional calificó de “atropellado” el lanzamiento de la comisión.

Claudia Ortiz, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo que lo más importante es que la Cicies tenga facultades de investigar en un proceso penal y que tenga coordinación con la Fiscalía General de la República.

Eduardo Escobar, de la Acción Ciudadano, señaló que aún no está definido el mandato claro de la Cicies.

Por su parte, el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, cree que la Cicies tiene un fin político de cara a las elecciones de 2021 y critica que no ha tomado en cuenta a la Fiscalía General de la República ni al poder judicial ni a la Asamblea Legislativa. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, rechazó la idea de una Cicies si esta pretende una “persecución política”.