El Grupo contra la Impunidad pidió ayer que se les decrete instrucción formal con medidas alternas a la detención a los fiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres.
Los cuatro son señalados por los delitos de privación ilegal de libertad realizada por empleado o funcionario público, omisión de la investigación y falsedad documental agravada.
Mientras que los empleados administrativos Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal fueron acusados por peculado de $400 mil. Uno de los fiscales que acudió para judicializar el caso dijo que por el momento se ha establecido ese monto, pero que en la fase de instrucción la cifra variará.
Los cuatro fiscales procesados han hecho carrera en la institución y tienen al menos 20 años de laborar en diversas áreas, han estado asignados a la Unidad de Patrimonio Privado, en la Unidad contra el Crimen Organizado y en la Dirección de Intereses de la Sociedad, algunos han sido coordinadores y hasta jefes.
“Dentro de la función que ellos como fiscales desempeñaban de acuerdo a lo que se ha establecido en las diligencias de investigación, que son una gran cantidad de documentos y de testigos en los cuales se ha establecido de que ellos giraron órdenes de captura en contra de algunas personas sin existir los presupuestos legales establecidos por nuestra ley”, sostuvo uno de los fiscales.
Versión de acusados
El pasado 4 de junio, en una audiencia realizada en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, los fiscales renunciaron al criterio de oportunidad que se les había otorgado en el proceso conocido como “Corruptela” y que es diligenciado en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
Estos fiscales han señalado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a criteriarse en ese proceso tras acumularles una serie de hechos, estos mismos auxiliares del Ministerio Público han interpuesto denuncia contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez y otro grupo.
Entre los denunciados y para quienes hay un expediente abierto figuran exjefes y coordinadores de unidades especializadas del Ministerio Público que tras la llegada de Raúl Melara, fueron enviados como asesores a diferentes oficinas, otro grupo optó por interponer su renuncia y se están dedicando a litigar en los tribunales.
Ayer, el Juzgado Noveno de Paz de la capital, tras recibir la acusación deberá citar a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos para que acusan a notificarse de los delitos que se les está atribuyendo y que nombren a los abogados que los representarán.
Una vez sean intimados el juzgado deberá señalar fecha para realizar la audiencia inicial, en este caso no se corre con el plazo de 72 horas para celebrar audiencia ya que los imputados no están en detención.
“Corruptelas” dádivas y favores
El caso conocido como “Corruptela” incluye a 30 imputados, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal Luis Martínez, los empresarios Enrique Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez.
El Ministerio Público lo plantea como un caso bien complejo con una serie de hechos y actividades en las que hubo de por medio el otorgamiento de dádivas para favorecer a funcionarios como Mauricio Funes y empresarios que cometieron delitos, pero que a cambio de no ser procesados dieron supuestamente al exfiscal Luis Martínez, dinero y bienes para no ser acusados.