Todos los capturados en la operación “Tsunami” son procesados en el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador, incluido el exalcalde del Puerto de La Libertad. / Wilson Urbina


El exalcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Molina, fue acusado ayer en el Juzgado Especializado de Instrucción “C”, por el delito de homicidio agravado en una mujer, que la Fiscalía le atribuye haber ordenado y por el que supuestamente pagó $5 mil.

Junto al exfuncionario fueron acusados tres empresarios, quienes, según la solicitud de imposición de medidas presentada al juez, colaboraban con la pandilla 18 invirtiendo el dinero ilícito en sus negocios.

Entre los demás remitidos hay dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 53 integrantes de pandillas detenidos en la denominada “Operación Tsunami”, acusados de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio, homicidio agravado, robo y privación de libertad.

El fiscal del caso dijo que Molina, cuando fungía como alcalde en el año 2009, ordenó a integrantes de la pandilla 18 que asesinaran a una mujer; no detalló el móvil del hecho ni la relación que el entonces alcalde tenía con la víctima.

“En la investigación se le atribuye el delito de homicidio agravado en perjuicio de una persona del sexo femenino en el año 2009, cuando él era alcalde; es autor intelectual y pagó a la pandilla 18, con la que colabora, $5 mil”, detalló el representante fiscal.

Ante los señalamientos de la Fiscalía, el exalcalde manifestó que se trata de una venganza política ya que él ha sido muy crítico de la administración municipal del Puerto de La Libertad, en los últimos dos periodos.

“No sabemos ni quién es la persona que se supone que se murió y quién es el que me acusa, es bien triste esto porque la Fiscalía se está prestando para institucionalizar las injusticias en este país”, expresó Molina.

El fiscal del caso le respondió al exalcalde que han llevado una investigación alejada de todo tinte político y que han presentado una acusación de carácter imparcial.

Respecto a los empresarios, el Ministerio Público mencionó que en las pesquisas detectaron que estaban colaborando con la pandilla para legalizar el dinero que la estructura obtenía, producto de las extorsiones; ese dinero ilícito lo invertían en negocios y en el transporte colectivo de ese municipio.

Los empresarios son procesados por agrupaciones ilícitas, pero en un futuro podrían ser acusados por lavado de dinero ya que según Fiscalía hay otra investigación abierta por ese delito.