Los jueces Wallace Tashima, William Fletcher y Marsha Berzon de la Corte del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, cuestionaron los alegatos de la funcionaria Sarah Fabian, del Departamento de Justicia de EEUU./DEM


 

La administración de Trump argumentó ante un tribunal esta semana que no se requiere que el gobierno estadounidense dé jabón o cepillos de dientes a los niños indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos México, y puede hacer que duerman en pisos de concreto en celdas frías y superpobladas.

El argumento fue presentado ante un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito el martes.

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La funcionaria del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, alegó que no se requiere que el gobierno entregue jabón o cepillos de dientes a los niños detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos y que pueden hacer que duerman en pisos de concreto en celdas frías y superpobladas, a pesar de un acuerdo de conciliación eso requiere que los detenidos se mantengan en instalaciones “seguras y sanitarias”.

Los tres jueces se mostraron incrédulos durante la audiencia en San Francisco, en la que el gobierno de Trump impugnó los hallazgos legales anteriores de que está violando un acuerdo de demanda colectiva por maltrato a niños inmigrantes indocumentados en los centros de detención estadounidenses, según reportó el sitio Courthouse News Service.

"¿De verdad va a levantarse y decirnos que el hecho de poder dormir no es una cuestión de condiciones seguras e higiénicas?", dijo la juez de circuito de EE. UU. Marsha Berzon a Fabian en la audiencia del martes.

El juez de circuito estadounidense William Fletcher también cuestionó la interpretación del gobierno del acuerdo de resolución.

"¿Está discutiendo seriamente que no lee el acuerdo porque le exige hacer algo que no sea lo que acabo de describir: frío toda la noche, luces encendidas toda la noche, dormir sobre concreto y tiene una manta de papel de aluminio?" Preguntó Fletcher a Fabián. "Me parece inconcebible que el gobierno diga que eso es seguro y sanitario".

El acuerdo en cuestión surgió de Jenny Lisette Flores v. Edwin Meese, presentada en 1985 en nombre de una clase de menores no acompañados que huían de la tortura y el abuso en Centroamérica.

Finalmente acordado en 1997, el acuerdo estableció pautas para la detención humanitaria, el tratamiento y la liberación de menores que se encuentran bajo custodia federal de inmigración. Las pautas incluyen el derecho a una audiencia de fianza y los requisitos de que las autoridades de inmigración entreguen oportunamente a los niños a los padres o tutores y coloquen a los no liberados en instalaciones que cumplan ciertos estándares. Se supone que las instalaciones son “seguras y sanitarias”.

El acuerdo regresó a los tribunales en 2015, cuando los miembros de la clase se movieron para imponerlo luego del anuncio del gobierno de Obama de que eliminaría las audiencias de los bonos porque estaban en conflicto con las nuevas leyes de inmigración. En presentaciones legales, la clase sostuvo que la eliminación de las audiencias de bonos y las condiciones sucias y peligrosas en las instalaciones de tenencia a corto plazo operadas por la Patrulla Fronteriza violaron el acuerdo.

La jueza de distrito Dolly Gee en Los Ángeles concedió la moción de la clase y ordenó el nombramiento de un monitor independiente para garantizar el cumplimiento del gobierno con Flores.

Gee dijo que la administración había violado a Flores al no proporcionar a los detenidos alimentos adecuados y agua potable limpia, o artículos de higiene como jabón, cepillos de dientes y toallas. También concluyó que los niños estaban privados de sueño y acceso a los baños, y estaban sometidos a temperaturas cercanas a la congelación.

El Noveno Circuito confirmó gran parte de la decisión de Gee en julio de 2017, al constatar que los detenidos aún tenían derecho a audiencias de fianza.

El martes, Fabian le pidió al Noveno Circuito que revirtiera los hallazgos de Gee porque agregaron nuevos requisitos, como dar jabón y cepillos de dientes a los detenidos, que no estaban específicamente incluidos en Flores.

"Uno tiene que asumir que se dejó de esa manera y no fue enumerado por las partes, ya sea porque las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo enumerar eso o que las agencias lo determinaron", alegó Fabian.

"O fue relativamente obvio", respondió Fletcher. "Y al menos lo suficientemente obvio para que si pones a la gente en una habitación llena de gente a dormir en un piso de concreto con una manta de aluminio encima de ellos, no cumpla con el acuerdo".

"No era jabón perfumado, era jabón. Eso es parte de 'seguro e higiénico'. ¿Estás en desacuerdo con eso? ", agregó.

El abogado de la clase, Peter Schey, dijo que, aunque Gee había enumerado artículos específicos como cepillos de dientes en su orden, que no estaban incluidos en el acuerdo, el cumplimiento del acuerdo debe analizarse en términos de la ley de contratos de California, según el cual los términos generales de un acuerdo deben ser "Razonablemente interpretado".

"Lo primero que haces es respetar el significado simple" de palabras como "seguro" y "sanitario", dijo Schey.

"Hoy tenemos una situación en la que una vez al mes un niño muere bajo custodia [federal]", agregó. "Ciertamente, las instalaciones de la Patrulla Fronteriza son seguras, pero no son seguras y no son sanitarias".

Tras la refutación, Fabián dijo que la administración planea presentar una moción para reconsiderar con Gee luego de una decisión favorable del panel, lo que provocó una gran respuesta de Berzon.

"¿Ha considerado si podría regresar y si realmente desea continuar con esta apelación?", Dijo Berzon.

"Parece que no queda mucho de eso, considerando que la vida se ha movido ahora", agregó, y señaló que se está trabajando en un reglamento del gobierno que codifica y extingue a Flores.

"Siento que estamos litigando la historia antigua en este momento", dijo Berzon.

El juez principal de circuito de los Estados Unidos A. Wallace Tashima también estuvo en el panel.