El ministro de Educación, Carlos Canjura, mostró en una carta su beneplácito por la propuesta de incrementar los recursos porque dice que mejorará la calidad educativa.
Además, dijo que aumentar los recursos financieros permitirá que Educación logre “una ampliación de la cobertura territorial en todos los niveles educativos, adecuada infraestructura, planes y programas de educación, docencia cualificada” para atender a los estudiantes.
El viceministro, Óscar Edmundo Anaya Sánchez, en su escrito, afirmó a los diputados que elevar el presupuesto al 6 % del PIB tendrá “un impacto significativo en las finanzas públicas” porque implicará un incremento presupuestario de $623.55 millones anuales respecto a los $997.16 millones de presupuesto aprobados este año para Educación. Hacienda planteó que el Ministerio de Educación ya recibe un equivalente del 3.69% del PIB.
Advierte ilegalidad
El Ministerio de Hacienda advirtió una ilegalidad si aprueban la reforma a la Ley General de Educación. “Este despacho ministerial considera que la modificación contraviene lo estipulado en el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Fiscal que mandata a este despacho a no emitir ninguna autorización para la emisión de nuevas leyes o modificación de las existentes que impliquen erogación de recursos que requiera gasto corriente sin tener identificada la respectiva fuente de financiamiento”, dijo el viceministro, textualmente, en la misiva.
Agregó que si la Asamblea desea aumentar el presupuesto de Educación tendría que apoyar medidas fiscales para incrementar los ingresos corrientes del Estado y hacer sostenible el incremento del gasto. Tras conocer las opiniones de Educación y Hacienda, la Comisión de Legislación acordó estudiar nuevamente el tema en 15 días y decidir si emite o no dictamen favorable para incrementar los recursos.
