Alba Petróleos ha recibido petróleo PDVSA. / DEM


La tesis de los investigadores es que la alianza de los estados bolivarianos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la exguerrilla colombiana, se han fusionado en lo que califican como “Empresa Criminal Conjunta Boliviariana”.

Lo definen como un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan con objetivos comunes y que ha conformado una red para el lavado de dinero del Estado venezolano y la corrupción en la región.

“Debería ser entendida como una red de redes, no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina”, dice el informe, que sostiene identificó a 181 individuos y 176 compañías en 26 países.

La investigación señala que la suma de movimientos irregulares puede ascender a $10,000 millones de 2007 a 2018, pero otras fuentes les han indicado que podría ascender a $43,000 millones.

En la investigación detalla cinco tipologías criminales: ventas y préstamos falsos, compra de activos físicos, megaproyectos de infraestructura falsos, minería de oro ilegal y transferencias entre bancos, y advierte que la capacidad de esta red para diversificar su cartera criminal implica que el dinero continúa fluyendo en el régimen venezolano.

La red responde a un esquema en el cual, dentro de las compañías que las subsidiarias de la petrolera estatal PDVSA, sus juntas directivas corporativas están interconectadas con redes de incondicionales del partido político, funcionarios superiores del gobierno y funcionarios de la petrolera venezolana PDVSA y en donde la mayoría de proyectos no existen.