El alcalde de Coatepeque, Jorge Alberto Rivas, procesado por los delitos de peculado (apropiarse de bienes del Estado) y negociaciones ilícitas, huyó luego que el juzgado de paz de esa localidad lo pusiera en libertad, al finalizar la audiencia inicial el pasado 29 de septiembre.

A través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial de Santa Ana, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, informó que hasta ayer no consta en el expediente que el funcionario municipal haya sido recapturado por la Policía Nacional Civil (PNC) y puesto a la orden de ese juzgado.

Ayer se consultó en la Fiscalía General de la República si había recibido notificación de la detención de Rivas y se detalló que para esa institución el imputado tiene estatus de prófugo, ya que desde el 23 de octubre que se libró el oficio para recapturarlo, la PNC no lo ha localizado.

Cuando la jueza de paz de Coatepeque puso en libertad al funcionario, junto a otros 26 imputados entre los que figuran concejales, exconcejales, empresarios, ejecutores de proyectos y supervisores, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación solicitando que se revocara la decisión.

El 29 de septiembre, la jueza de Coatepeque dejó en libertad a los imputados del proceso. / DEM


En la audiencia inicial se decretó una instrucción formal con medidas alternas a la detención, consistentes en presentarse a firmar cada 15 días, no cambiar de domicilio y no salir del país, pese a que la representación fiscal había pedido que Jorge Alberto Rivas continuara en detención provisional, ya que por estar frente a delitos graves cuyas penas sobrepasan los tres años de cárcel, existía el riesgo de fuga; pero la jueza no accedió y ordenó que fuera procesado en libertad.

La apelación de la Fiscalía tuvo eco en la Cámara de lo Penal del Occidente, ya que el 22 de octubre de 2019 se ordenó que regresara a prisión y que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, emitiera la orden de detención de forma inmediata.

En esa misma resolución, el tribunal superior impuso una fianza de $3 mil a los imputados, Guillermo Antonio Chávez Jaco, actual tesorero municipal; Luis Enrique Vanegas Hernández, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI); José Gilberto Menjívar Guardado, síndico; y Milton Roberto Figueroa Morán, exsíndico.