La audiencia inicial finalizó ayer, a eso de la 1:00 de la madrugada. La jueza del caso decretó una instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención, consistentes en presentarse a firmar cada 15 días a uno de los juzgados de instrucción de Santa Ana, donde pasará la causa; no cambiar de domicilio y no salir del país.
En la acusación, presentada por los delitos de peculado (apropiarse de bienes del Estado) y negociaciones ilícitas, se había pedido que todos los procesados siguieran en detención provisional, pero la jueza no accedió y ordenó que sean procesados en libertad.
La juzgadora solo impuso las tres medidas alternas a la detención y no los ató con alguna caución económica, tampoco les ha restringido presentarse a laborar a la alcaldía municipal de Coatepeque, pese a que ya hay sentencias de la Sala de lo Penal en la cual se ha prohibido a funcionarios municipales procesados por delitos de corrupción, llegar a las instalaciones municipales, para no entorpecer investigaciones activas.
La Fiscalía informó ayer que, en la resolución, la jueza no se pronunció respecto a la situación jurídica de ocho imputados ausentes, entre ellos el exalcalde de Santa Ana, Mario Moreira, representante legal de la Constructora Moring, S.A. de C.V., empresa que obtuvo proyectos en la alcaldía de Coatepeque, que supuestamente fueron cobrados, pero no ejecutados.
El Ministerio Público esperará la decisión judicial por escrito, para verificar si hay una posición de la jueza en cuanto a los ocho acusados prófugos, ya que se le había solicitado que les decretara orden de captura.
Información proporcionada por la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República detalla que van a estudiar la resolución para interponer el respectivo recurso de apelación ante la instancia superior.
Según las pesquisas de la Fiscalía, en las reuniones de concejo municipal se aprobaron 11 proyectos que al final no fueron ejecutados.
Cuando un proyecto era aprobado por el concejo municipal, se elaboraba la carpeta técnica, y los contratados para ejecutar la obra, los consultores y los supervisores, entregaban la carpeta al alcalde, al tesorero y al jefe de la UACI, ahí terminaba todo; la obra no se ejecutaba, pero se pagaba, según lo han expresado testigos a la Fiscalía y que se refuerza con documentación y autorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
En la etapa inicial de investigación, los fiscales obtuvieron auditorías de la CCR en las que se encontraron las irregularidades; incluso, en los allanamientos realizados en la alcaldía de Coatepeque, se incautaron los libros de actas y carpetas técnicas de los proyectos pagados, pero que no se ejecutaron, por la cantidad de $441,375.27.
En los supuestos actos de corrupción judicializados está el denominado proyecto 11, el cual tiene que ver con la contratación de teléfonos celulares en el año 2015, por un monto de $25,155.27. La Fiscalía ha rastreado en manos de quién están esos teléfonos, pero en la comuna no se ha encontrado evidencia, por lo que se desconoce a quiénes se benefició, ya que desde el inicio, no se estableció ningún mecanismo de control en la municipalidad.
El caso
24/09/2019
En horas de la madrugada la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República, giraron 35 órdenes de captura, pero solo se ejecutaron 27.
26/09/2019
En el Juzgado de Paz de Coatepeque, departamento de Santa Ana, la Fiscalía presentó la acusación formal en contra de 27 imputados presentes y ocho ausentes por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
29/09/2019
A la 1:00 de la madrugada finalizó la audiencia inicial y la jueza ordenó instrucción con tres medidas alternas a la detención para los 27 imputados presentes. Sobre los ocho ausentes no dijo nada.