La Alianza está integrada por organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región, y El Salvador está representado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Según la Alianza, “el derecho de acceso a la información no puede restringirse de manera absoluta ya que es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos”, como la salud.
“Los Estados deben abstenerse de decretar medidas provisionales que suspendan de iure o de facto y de forma absoluta el derecho de acceso a la información basadas en razones de seguridad u orden público”, pidió la Alianza.
En El Salvador, los plazos para la entrega de la información están suspendidos desde el 14 de marzo, tras la aprobación del decreto 593 del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia COVID-19.
La Alianza también recomendó que las instituciones encargadas de velar por el acceso a la información no suspendan sus activades, como vigilar el cumplimiento de los plazos para la entrega de información.
En El Salvador, a raíz del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) quedó inhabilitado para realizar audiencias, para que los ciudadanos apelen por la no entrega de información de las instituciones públicas.
Asimismo, este lunes, el equipo jurídico de la Presidencia de la República se mostró a favor que los plazos de entrega de información continúen suspendidos en esta emergencia.
En cambio, la Alianza es de la idea que los gobiernos de la región“tienen la obligación de proporcionar en todo momento información veraz y oportuna en materia de salud y “también aquella que revista un interés público que permita conocer, evaluar y controlar las acciones del gobierno”.
Según la Alianza, en caso de existir la suspensión de plazos, no deber desproporcionado porque estas suspensiones “constituyen una limitación excesiva del derecho de acceso a la información, que viene a vaciar de contenido y a anular en gran medida este derecho humano fundamental”.
Para la Alianza Regional, es fundamental que los Estados de la región garanticen el acceso a la información pública con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos que entregan los Gobiernos en concepto de “ayudas económicas a los diferentes sectores de la población o la erogación de fondos públicos dirigidos a enfrentar la emergencia sanitaria”.