El país se mantiene en cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo y a casi un mes del paro preventivo, únicamente están activos sectores sensibles como las cadenas de distribución alimentos e industrias que producen equipos o indumentaria de apoyo sanitario.
De acuerdo con la gremial, el 65 % de las empresas están conscientes y consideran adecuadas las medidas de distanciamiento social impulsadas por el Gobierno, sin embargo, un 77 % considera que las medidas serán desfavorables para la economía.
Mediante un comunicado, la entidad propone la adopción de un plan con medidas de tipo fiscal, laboral y financiero.
“Hemos atendido consultas que han presentado empresas de diversos sectores, muchas expresan que se han visto obligadas a reducir sus operaciones y un 90 % de nuestros miembros han disminuido sus ingresos, impactando la liquidez de las empresas, perjudicando esta situación su cumplimiento a las obligaciones con terceros y obligaciones laborales correspondientes”, explica la AMCHAM que recalca que pese a las dificultades han hecho “todos los esfuerzos para diversificar sus productos y servicios para evitar una reducción en su personal”.
La AMCHAM representa a 365 empresas las que generan 150,000 empleos directos.
Las medidas en detalle
En materia fiscal la gremial propone una prórroga en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta agosto y que se brinden cuatro meses sin recargo, multas o intereses, pero considera hacer una declaración material, física o tecnológica en las fechas correspondientes.
Además, pide la suspensión del Pago a Cuenta correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio por el mismo período, además suspender en el período de la Emergencia Nacional el cobro de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana.
En el ámbito laboral el plan de la AMCHAM propone suspender por tres meses (abril, mayo y junio) el pago del 1 % de la planilla del Instituto Salvadoreño para la Formación Profesional (Insaforp), además de la creación de un apoyo por medio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para empresas que no estén activas en los esquemas de teletrabajo.
En concreto, piden que el ISSS pueda cubrir hasta el 50 % del salario de las microempresas, el 40 % en las pequeñas empresas, el 30 % de la mediana y hasta un 25 % de la gran empresa.
El lunes el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Hasbún, reveló que hay acercamientos entre la empresa privada y el Ejecutivo para llegar a acuerdos para iniciar una reactivación de la economía.
De acuerdo con estimaciones de organismos multilaterales y del Banco Central de Reserva, la economía salvadoreña puede cerrar el año en un rango entre -3 % y -5.4 %, una caída más aguda que la registrada en 2009 durante la crisis financiera internacional.
De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un primer paquete de medidas económicas para solventar la crisis económica y por eso se prepara una iniciativa valorada en $600 millones con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente se presentarán medidas tributarias para enfrentar el impacto económico para salvaguardar los empleos.
Cinco planes de apoyo
Flexibilizar el tiempo parcial
El Banco Interamericano para el Desarrollo considera que un cambio regulatorio para que trabajadores a tiempo completo puedan pasar a tiempo parcial.
Fondo de liquidez
Propone apoyar al sistema bancario para que provea de liquidez a las empresas mediante nuevos créditos con la garantía del Estado en actividades específicas.
Inyección de liquidez
Los bancos centrales pueden dar acceso a la ventanilla de redescuento a banca comercial para préstamos de liquidez a sectores afectados por la crisis.
Compra de deuda privada
Podría plantearse en algunos sectores la compra de deuda privada por parte del estado, sujeto a condiciones, y con el objeto de mantener la estabilidad financiera.
Plan de fomento para las pyme
En su análisis, el BID sostiene que es importante que varias de estas medidas se concentren en proteger la sobrevivencia de las PYME que son viables ante su importancia para el empleo.