Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes al gobierno de los Estados Unidos, detener las expulsiones de los solicitantes de asilo en la frontera con México.

La organización dijo que dichas expulsiones, "violan el derecho internacional", lo que obliga a que los solicitantes esperen durante un largo tiempo en la frontera. "(...) Los tribunales están desempeñando una función esencial a la hora de contener los abusos de poder de las autoridades estadounidenses, pero la mayoría de las personas que solicitan asilo carecen de acceso a la justicia y continúan sufriendo violaciones en gran escala de sus derechos”, dijo, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Las declaraciones, surge, luego de una visita de AI a la frontera y la revisión de varios casos, en los que están involucrados 31 adultos y 26 menores de edad. Durante la revisión, dijeron haber detectado "graves irregularidades".

"Al obligar a miles de personas de nacionalidad mexicana a esperar en México durante semanas o meses antes de permitirles entrar en Estados Unidos para solicitar protección, el gobierno estadounidense infringe su propia legislación nacional sobre el asilo. Asimismo, el gobierno mexicano infringe el artículo 11 de su Constitución (que garantiza a la ciudadanía la libertad de circulación) al impedir a personas de nacionalidad mexicana acercarse a la frontera para presentar ellas mismas sus solicitudes de asilo, y ambos países incumplen las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional", dice Amnistía.

Una corte estadounidense bloqueó el pasado lunes 8 de abril, la política del gobierno del presidente Donald Trump de devolver a México a solicitantes de asilo mientras sus casos son analizados.

La política, bautizada por el propio Trump como "Quédate en México" (Remain in Mexico), buscaba detener los grandes flujos de inmigrantes a las fronteras, que se encuentran en los niveles más altos en una década.

Varios cientos de personas que solicitaron asilo fueron devueltas a México para esperar el resultado de su solicitud en virtud de la política que se aplicó por primera vez en enero en el puerto fronterizo de San Ysidro, en California, y posteriormente se extendió a otros puntos de la extensa frontera.

La medida se suma al hilo de fallos judiciales contra las radicales políticas migratorias de Trump, como la prohibición de solicitud de asilo a quienes entraron de forma ilegal al país o la revocación del DACA, el programa que regulariza a indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.