Aprobarán bloqueo telefónico y hábito de trabajo para reos

La Asamblea Legislativa tiene previsto aprobar en la sesión plenaria de este viernes un conjunto de reformas a la Ley Penitenciaria que obligan a los operadores de telefonía a colaborar con el Ministerio de Justicia y Seguridad en el bloqueo telefónico.El Ministerio de Justicia y Seguridad, luego de opinión técnica del Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), deberá requerir a los operadores soluciones técnicas para eliminar la prestación de servicios de tráfico de telecomunicaciones las que deberán ser adoptadas en 24 horas.Si esta disposición no se cumple, podrá requerir a los operadores la reubicación de las antenas en 30 días. Si no se cumple, podrá cortar el suministro de energía.Estas eran parte de las medidas extraordinarias que, con la reforma aprobada hoy, tendrán carácter permanente.La reforma prohibirá permanentemente la instalación de nuevas antenas en un radio de 500 metros de los centros penitenciarios, granjas penitenciarias y centros de detención menores.La ley reformada "faculta” al Ministerio a monitorear la presencia de señal de redes de telecomunicaciones inalámbricas, podrá realizar inspecciones e incautar el equipo. Las multas oscilan entre dos a 20 salarios mínimos del sector comercio y la desconexión durante seis meses al inmueble. Los operadores deberán colaborar en estos procesos.Las modificaciones, que recibirán el apoyo de todos los partidos, facultan a los directores carcelarios a que puedan suspender las visitas a los reos. También, el director de centros penales tendrá la facultad para clasificar a los reos. Hábito de trabajo y depuraciónLa reforma elimina prácticamente un artículo de la Ley Penitenciaria que exigía el "necesario consentimiento del interno” para que participaran en actividades reeducativas.El nuevo artículo 126 indica que el interno "participará en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo, procurando su readaptación e inserción en la sociedad y que fueren imprescindibles para una adecuada convivencia en l ibertad y respeto a la ley”.También, el nuevo decreto a aprobarse hoy autoriza al director de centros penales a que suspenda a funcionarios o empleados penitenciarios con procesos de extinción de dominio o cuando considere que hay un riesgo grave de afectación a la administración penitenciaria, o cuando se decrete la detención provisional o cualquier otra medida cautelar en un proceso penal.