La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó ayer un dictamen favorable para autorizar al Ministerio de Hacienda a negociar un préstamo de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del cual se utilizarán $70 millones a transferencias monetarias a familiares en pobreza.
El nombre del programa es "Protección social responsiva a choques en El Salvador” y tendrá como beneficiarios a unos 1.3 millones de salvadoreños según autoridades del Ministerio de Hacienda.
Hacienda llegó el lunes a la Comisión de Hacienda a explicar el proyecto de decreto; posteriormente a la visita los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron el dictamen favorable.
El crédito se pagará en 25 años con 5.5 años de gracia, "prácticamente el periodo en el cual se ejecutará la operación”, según el director general de inversión y público de Hacienda, Marlon Herrera.
Un sistema y transferencias.
De acuerdo al director general de Inversión y Crédito Público se crearía un sistema informático de "Protección Social Responsivo a Choques” que les permitiría que el Ministerio de Hacienda realice "una intervención unilateral” frente a situaciones como huracanes, terremotos y otros fenómenos.
Este sistema incluiría sistemas informáticos, registro social, ventanilla única de acceso para registro de beneficiarios, levantamiento de información para incorporar nuevos hogares expuestos a riesgos o "choques” y monitoreo de impacto en los hogares afectados.
"A manera de ejemplo, el año pasado se tuvo un enjambre sísmico en el departamento de Ahuachapán, entonces, contar con un sistema como este permitiría atender de manera inmediata esa población, muchas familias necesitaban un subsidio, una ayuda”, explicó Herrera.
Para la elaboración del sistema de protección social se destinarían $18 millones.
En segundo lugar, con el préstamo se crearía un "Programa de protección ante choques”, la mayor parte del componente, $70 millones, estarían destinados a la transferencias monetarias "específicamente a las zonas más vulnerables en situación de pobreza”, priorizando las familias con niños menores de ocho años, con personas con discapacidad y también con personas mayores de 70 años; así también, las familias que sufrieron exposición a eventos adversos como huracanes, tormentas, terremotos, sequías y el incremento al precio de los alimentos.
En tercer lugar, se destinarían $10 millones al fortalecimiento de centros de bienestar infantil.
Electrificación a zonas pobres.
Hacienda también solicitó la aprobación de una garantía para que la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) suscriba un préstamo por $93 millones para financiar el "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador”, que se implementará, prometió Hacienda, durante cinco años.
El proyecto incluye al menos 500 proyectos de electrificación, 4,300 extensiones de redes existentes, 195 miniredes para grupos de viviendas y 4,250 sistemas fotovoltaicos individuales en zonas rurales del país "con alto índice de pobreza”, iniciando en zonas sin energía eléctrica de Santa Ana y Chalatenango. Prevén 8,800 usuarios.