Defensa apela sentencia de 45 años a favor de exalcalde ligado al narco

La condena de 45 años de prisión impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango al exalcalde de San Antonio de La Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, aún no está en firme, situación que la defensa busca sacarle ventaja para que su cliente no sea despojado de sus bienes por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.El martes 12 de mayo, ese juzgado inició la audiencia de sentencia con la que Fiscalía busca demostrar que los bienes del exalcalde, calculados en más de $600,000 son de origen ilícito y deben pasar a manos del Estado.Una de las principales pruebas de Fiscalía contra Lucio Edwin es la condena impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango el 9 de noviembre de 2019, quien lo halló culpable de tráfico de personas y tráfico de ilícitos, pero a criterio del abogado Ulises del Dios Guzmán ,esa condena no está bien fundamentada y ha sido apelada por él ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla, hace diez días. Por tal razón, afirmó Guzmán, ese tipo de prueba resultará ser inútil en el proceso de extinción."Hay dos sentencias, una de Santa Ana y otra de Chalatenango; en la de Santa Ana pude observar que la prueba contra Lucio Edwin era insuficiente y basada en rumores y el dicho de los policías, y no en cuestiones objetivas; en la segunda, en Chalatenango, es con prueba insuficiente e ilegal para condenar a esos años a Lucio Edwin”, sostuvo el abogado.La Fiscalía sostiene que el sueldo por $3,000 que exalcalde Ayala Flores tuvo como ingreso mensual es insuficiente para hacer esa fortuna.Pero la defensa es del criterio que "el planteamiento de la Fiscalía indica la insuficiencia de su investigación y conocimiento de los hechos. Varios de los inmuebles los ha tenido la familia durante décadas, que fueron adquiridos por sus parientes cuando esos lugares eran charrales y nadie quería ni compraba nada. Si se compararan los precios esos tiempos con otras ventas, nos daríamos cuenta que son precios normales”.El defensor justifica y dice que cerca de esos inmuebles se construyó la carretera Longitudinal del Norte, lo que incrementó el valor de los bienes y eso no se puede considerar como incremento patrimonial ilícito, sino consecuencia natural del desarrollo vial del país.Otro de los inmuebles es la adquisición de un terreno y con apoyo de Fundasal, la madre de Lucio Edwin y otras personas obtuvieron las escrituras; más adelante, su madre y demás parientes construyeron una casa y ahora es otro bien que se busca confiscarlo.De igual manera el abogado Guzmán ha justificado la adquisición de los 89 semovientes como parte de la multiplicación natural y familiar que se da de generación en generación con la crianza y cuido del ganado en el campo.En cuanto los vehículos, aseguró no son de alta cuantía, de modelos antiguos y bajo costo para suplir necesidades de transporte.Por su parte, Fiscalía considera que el proceso tiene prueba contundente y el juez valorará para admitir la solicitud de extinción de dominio de todos los bienes del exalcalde.