Denuncian amenazas y extorsiones a liberados en el régimen de excepción

El Movimiento de las Víctimas del Régimen de excepción (Movir) y la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal doctora "María Julia Hernández" denunciaron ayer que las personas que son liberadas, tras un proceso penal por el régimen de excepción, de los Centros Penales están siendo objeto de amenazas, extorsiones y desapariciones. Según el movimiento, la situación sucede en horas de la noche y madrugada, cuando son liberadas de centros penales. Explicaron que hay una red de personas que, a la salida de los penales ofrecen servicios de transporte con carros particulares hacia sus hogares; una vez en el camino son privadas de libertad y piden grandes cantidades de dinero para entregarlas a sus familias o finalizar el recorrido. "Pareciera que este es un arreglo que tienen, no sé si el director de Centros Penales, los custodios, los policías, pero alguien está tolerando este tipo de situaciones para hacer negocios", sostuvo Samuel Ramírez, de Movir. Ramírez afirmó que los costos de transporte que ofrecen esos carros particulares van desde los $100 en adelante. "Estas violaciones a derechos humanos también han derivado en presuntas desapariciones de persona, maltratos, amenazas y extorsiones a quien quedan libres por las noches y madrugadas sin protección del Estado, que en algunos casos hasta han sido recapturadas, pero no son protegidos ellos o sus familias", afirmó Alfredo Mejía, representante de Movir. Calificó la labor de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Dirección de Centros Penales como "lamentable", ya que no protegen y garantizan la integridad de los exconvictos. Aseguró que la liberación de las personas durante la noche y madrugada responde a una estrategia para ocultar los "errores y daños colaterales", de los miles de personas inocentes capturados en el régimen de excepción. Pidieron a las autoridades que al menos el día de la salida del penal, se notifique a los familiares del reo, para que estas lleguen a recogerlas, y no se expongan a esos peligros. "Que se investiguen los casos de amenazas, extorsiones a las familias de los liberados; que se informe a las familiares de manera oportuna, formal y precisa de la liberación de los detenidos y especialmente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos deje de tener un papel genuflexo a más de un años del régimen de excepción y verifique en qué condiciones son liberadas estas personas y garantice su integridad para que lleguen sin más atropellos a sus viviendas", exigió Mejía. Además, pidieron que la PDDH asigne a un delegado en cada centro penal dónde están recluidos los capturados del régimen de excepción y así se garantice sus derechos humanos de los liberados. Desde la implementación del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, se han realizado más de 67,000 capturas de personas vinculadas a pandillas, y se han liberado unas 5,000 personas, según las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad.