Dos instituciones en pugna por auditorías de Probidad a funcionarios

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) viven una polémica en torno a las investigaciones del patrimonio de funcionarios o exfuncionarios. El IAIP ordenó a la Corte que haga y divulgue un plan detallado, con fechas, de la investigación que hará a unos 360 funcionarios o exfuncionarios públicos.La CSJ ya tiene planificado realizar, a través de su Sección de Probidad, investigaciones patrimoniales a estos funcionarios durante el año 2017, pero no ha divulgado un plan sobre cuáles serán los primeros funcionarios a indagar o los últimos. El IAIP le ordenó ayer a la Corte entregar un plan dentro de 30 días hábiles.Se trata de las "auditorías patrimoniales” solicitadas por un ciudadano que acudió ante el Instituto. ¿A quiénes? A todo el gabinete de gobierno del periodo presidencial 2009 a 2014, correspondiente al expresidente Mauricio Funes.También a los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa 2009-2012 y propietarios de 2012-2015, a diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) del periodo 2011-2016 y a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del periodo 2009-2014.El IAIP cree que dejar a discreción el plazo de cumplimiento generaría "la posibilidad de arbitrariedad” en la asignación de funcionarios a los que se seguirá la auditoría”.También argumenta que busca "brindar seguridad jurídica de que efectivamente se realizará la auditoría de las declaraciones de patrimonio de los servidores públicos del caso en comento”.Estos funcionarios están en un plan de investigación de la Sección de Probidad durante 2017. El IAIP ordena a la CSJ que por medio de la Sección de Probidad realicen un plan, con plazos, objetivos, estrategias, tareas con tiempos específicos, fechas de inicio y finalización.Según la resolución del IAIP, la CSJ reiteró que las auditorías patrimoniales solicitadas son inexistentes, pero que se entregaría al apelante cuando dicha información esté "procesada”.Argumentó que la ley no fija plazo en fases administrativas, ni la Constitución ni la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Agregó que la CSJ posee criterios para ir seleccionando los casos que se van investigando en Probidad. Otro argumento fue la carga de trabajo de Probidad y la capacidad instalada, por lo cual, dice, no pueden establecer plazo.  Instituto ordena que corte revele el cronograma, la corte dice definió tres criterios para investigar. Los casos más antiguosLa Corte Suprema de Justicia decidió que analizará "preferentemente los casos que estén próximos al vencimiento del plazo” para iniciar el juicio por enriquecimiento sin causa justa. Funcionarios con altos cargosCasos de funcionarios y empleados públicos con mayor responsabilidad en órganos de Gobierno y locales, los que manejan fondos públicos, administran o fiscalizan bienes estatales. Casos graves y notoriosLos casos graves y notorios de posible enriquecimiento ilícito son la tercera prioridad o el tercer criterio definido por la Corte Suprema de Justicia en sesión del 12 de mayo de 2016.