La Cámara Ambiental de Santa Tecla condenó civilmente al exministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, y de forma subsidiaria al Estado salvadoreño por la deforestación registrada en el cerro El Águila, en Ahuachapán, tras no cumplir con sus obligaciones e impedir el daño al ecosistema en febrero de 2019.La exministra de Medio Ambiente, Lina Polh, que también era acusada en este caso, fue absuelta porque los magistrados dijeron que no estaba dentro de sus funciones aprobar o impedir esa infracción ambiental.La resolución de condena al exministro Ortez y absolución de Polh fue por votación de dos a uno de los tres magistrados que conforman la Cámara Ambiental con funciones Civiles y Mercantiles dentro de su jurisdicción.La Cámara fundamentó su resolución en que el exministro Ortez tenía obligaciones específicas de cuidar las zonas forestales del país y no hizo nada por detenerla. Esta es la primera vez que en El Salvador un exministro es condenado por no cumplir a cabalidad con sus obligaciones que le confiere la ley.Sin embargo esta condena es apelable ante la Cámara y admite recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y que el abogado Orestes afirmó, sin dudarlo, que harán uso de todos los recursos legales que les da la ley para recurrir apelar esa decisión.
Los hechos
La Cámara concluyó que la deforestación no se dio dentro del área protegida, sin embargo el lugar donde ocurrió es bosque y causó daño por ser parte del mismo ecosistema. Esa liquidación será de acuerdo con un peritaje que deberán realizar expertos ajenos al caso.Por la especialidad, ese peritaje que determinará a cuánto ascenderá el monto económico que el exministro Ortez y el Estado salvadoreño tendrán que pagar para resarcir el daño, correspondería a técnicos del MAG, pero por ser parte del litigio, se deben excluir y pedir a otros expertos independientes como de la Universidad de El Salvador o expertos privados para realizar el estudio y cuantificación económica del daño, explicó el abogado.Landaverde, uno de los abogados de la asociación ambientalista afirmó que no escuchó ningún argumento de peso que sus colegas hicieran para desvincular a los exministros de la omisión en la depredación forestal registrada en unas 50 manzanas ubicadas en la que no solo árboles fueron derribados sino una variedad de especies de aves y animales que tuvieron que migrar o morir por haberles destruido su hábitat.Pero el abogado de la exministra del Ambiente, Luis Nieto, es del criterio que toda la demanda versó que la ministra era la responsable de un daño ambiental ocurrido en un área natural protegida en San Rafael Los Naranjo y eso no es cierto. El área en discusión
El proceso judicial inició tras la demanda civil presentada por la Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente "Tierra Verde” (Aeproterra), ante una denuncia de ciudadanos de la zona sobre una tala indiscriminada y clandestina de árboles.La Asociación Aeproterra delimitó que el área afectada es un aproximado de 14 manzanas, que se encuentran entre el límite de los municipios de Juayúa, Sonsonate y Chalchuapa.Establecieron que la tala de árboles de hasta metro y medio de diámetro, funcionaban como "verdaderos corredores biológicos” que albergaban especies de animales y plantas.La zona dijeron que "tiene una alta capacidad de infiltración de agua” se ha visto afectada. En el sector habitaban 27 especies de mamíferos, como el zorrillo espalda blanca y el tepezcuintle, dos especies protegidas. También fueron afectados 71 especies de aves, algunas en peligro de extinción.