El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador giró una nueva orden de captura con petición de difusión roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani Burkard y el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker Soto, ambos procesados penalmente por la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras.
La petición de difusión fue hecha por la Fiscalía General de la República al juzgado de instrucción, a pesar que para ambos procesados fue emitida una orden de captura por un juzgado de paz.
"Declárase ha lugar la petición fiscal, consecuentemente, líbrese difusión de notificación roja a la Oficina de Interpol El Salvador...a efecto de hacer efectiva la detención de los imputados Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker", dice la resolución del juzgado con fecha 13 de junio reciente.
La Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol con sede en San Salvador, deberá iniciar los trámites y enviar la petición a la sede central de ese organismo en Lyon, Francia, donde se resolverá si es viable emitir la alerta roja para ubicar y detener preventivamente a ambos acusados.
Recientemente, el fiscal general, Rodolfo Delgado, cuestionó que la Interpol no emita alertas rojas argumentando que se trata de casos políticos.
Ilegal.
Tras conocer la petición de la difusión roja, el abogado defensor y apoderado legal de Rodolfo Parker, afirmó a Diario El Mundo que esa notificación a la Policía Internacional es ilegal, ya que considera que el juzgado no agotó todas las instancias correspondientes pata ubicar a su defendido.
"Para mí el tribunal no agotó todas las instancias para poder hacerlo...su dirección de su casa, ya que nunca se le llevó citas, ni antes ni después, él no está enterado. A parte que los que llegamos a las audiencias son los apoderados, no es quien haya nombrado directamente defensor y que él sepa que hay un proceso, legalmente él no está enterado...esa difusión roja es ilegal, porque el tribunal no hizo lo necesario para poder ubicarlo", afirmó el abogado defensor, Carlos Miranda.
Afirmó que en ningún momento se ha establecido que Parker haya salido del país para que se haya girado la orden de captura internacional.
La acusación.
En el caso conocido como masacre jesuita o masacre de la UCA, son dos civiles y 11 militares, tras figurar como sospechosos de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido al interior del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el 16 de noviembre de 1989.
Al expresidente Cristiani Burkard, la Fiscalía le acusa de la responsabilidad penal por la comisión en el delito de asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo, según el dictamen de acusación. A Parker, la Fiscalía le acusa de los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal.
El dictamen de acusación fue presentado el pasado 5 de junio, en dónde la Fiscalía afirmó que testigos establecen la orden que dio Cristiani para que se cometiera la masacre.
"Tenemos testigos que nos refieren que el presidente Cristiani se hizo presente al Estado Mayor y fue informado de lo que habían acordado los militares, es decir, el operativo que consistió, en primer lugar, el allanamiento a las instalaciones de la UCA”, señaló uno de los fiscales a través de un video de Twitter ese día.
La audiencia preliminar estaba programada para iniciar ayer, sin embargo, fue aplazada, a petición de los defensores, quienes tenían otras diligencias que coincidían con la fecha.
Los acusados son Alfredo Cristiani Burkard, expresidente de la República, Rodolfo Antonio Parker, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares, Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.